De acuerdo con los datos del Paquete Económico entregado ayer por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso de la Unión, Coahuila perdería, en 2021, más de 5 mil 300 millones de pesos en gasto programable dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, en comparación con lo que se aprobó para el presente ejercicio fiscal.

Tal cifra, conviene precisarlo, equivale a una reducción de 6.7 por ciento entre un año y otro. 

Y todavía faltará que podamos hacer el cálculo preciso con las cifras al cierre del año, pues de acuerdo con los datos que se han venido divulgado en las últimas semanas, las entidades del país -y Coahuila no es la excepción- no están recibiendo el total de los recursos que se les habían asignado en el presupuesto de este año.

Con todo ello pues, nuestra entidad acumulará dos años de disminución de los recursos que se le asignan para atender las necesidades de los coahuilenses, lo cual constituye un duro golpe para las finanzas locales.

Todo mundo está consciente de que los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus son desastrosos y que concluiremos el año con la peor contracción económica de las últimas décadas. Sin embargo, eso debería implicar que todas las entidades del país realicen sacrificios proporcionales en términos presupuestales.

El problema es que eso no es lo que se ve en el esquema de distribución de recursos que ha planteado el Gobierno de la República para el año 2021. Por el contrario, lo que parece bastante claro es un trato asimétrico entre las diferentes entidades, cuya racionalidad no parece nada clara.

Y es que mientras entidades como Yucatán, Quintana Roo y Tabasco verán incrementados sus presupuestos -en 24 por ciento la primera y poco más de 14 por ciento las dos últimas- la mayor parte de los estados (22 para ser precisos) sufrirán recortes importantes.

¿Cuál es el criterio con el cual a unos se les aumenta casi una cuarta parte el presupuesto y a otros se les reduce en casi un quinto? ¿Es un trato proporcional al esfuerzo de recaudación propia realizado por cada entidad? ¿Es una suerte de “premio” o “castigo” frente a su eficiencia administrativa o a los esfuerzos de austeridad realizados?

No está claro por ninguna parte. Y ante ello, lo que cabría esperar es que quienes nos representan en la Cámara de Diputados se apresten a defender los intereses de la entidad y argumentar para que la definición final se ajuste a criterios que resulten menos arbitrarios.

Coahuila es una entidad cuyas aportaciones a la construcción de una federación fuerte se encuentran más allá de cualquier duda. El trato que estamos recibiendo los coahuilenses por parte de los poderes federales no corresponde con esa aportación y cabría esperar por ello que nuestros representantes hagan valer estos argumentos en los próximos días.

¿Cuál es el criterio con el cual a unos se les aumenta casi una cuarta parte el presupuesto y a otros se les reduce casi un