Armando Castilla Galindo
Director Editorial 
del Periódico Vanguardia


Presente.- 
En uso del derecho de réplica que asiste a todo ciudadano y representantes institucionales, así como de la responsabilidad de informar a la sociedad, de las acciones que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Coahuila, ruego de la manera más respetuosa que tenga a bien publicar el siguiente texto, que contiene una serie de puntualizaciones a lo expuesto por el editorialista Luis García Abusaíd, el día lunes 18 de marzo del presente año, en su colaboración ¡Salvador dice no, no y no!. 

Estimado Luis García Abusaíd, agradezco el interés desde tu espacio editorial, por un asunto que nos compete y ocupa a todos, como es la violencia de género y la violación a la intimidad de las personas a través de medios electrónicos. Leí con atención tu texto por lo que considero que es mi responsabilidad, como autoridad ejecutiva de la Universidad, hacer algunas precisiones sobre las acciones que está emprendiendo la Universidad, para hacer frente a dicho problema, las cuales se resumen en los siguientes puntos:

La Universidad reconoce plenamente la existencia de un problema, que en ningún momento se ha ocultado o minimizado, por el contrario, se ha dado seguimiento al mismo desde el 7 de marzo, cuando se solicitó la instalación de la urna de denuncia anónima en la Facultad de Jurisprudencia. Al conocerse los resultados de la misma, se realizó una condena frontal a este tipo de prácticas, en la conferencia de prensa que ofrecí el día 14 de marzo del año en curso, en donde se hizo pública una ruta de trabajo, misma que se ha traducido en importantes acciones que describiré en los siguientes puntos. 

Reitero se trata de un problema presente en la sociedad y en todos los espacios de la vida comunitaria. La UA de C ha celebrado y apoyado la iniciativa de las estudiantes para visibilizar el problema, de hecho esperamos que se amplié el ejercicio, a un mayor número de escuelas y facultades y estamos abiertos a atender todas las denuncias que se presenten. A diferencia de otros espacios en donde se oculta y tolera el problema, la Universidad está comprometida en atender desde varios frentes, dicho fenómeno.

Cuando se conocieron los resultados del ejercicio de la Facultad de Jurisprudencia, se designó al Secretario General de la Universidad, para que diera seguimiento al caso, el cual presentó un informe con la relatoría de sus primeras indagaciones el 13 de marzo.

El 15 de marzo, se reunió en la Rectoría, la Comisión de Honor y Justicia funcionado por Unidad, en donde dicho cuerpo colegiado se constituyó en sesión permanente, con el objetivo de recibir y atender todas las denuncias de la comunidad universitaria. 

En todo momento la Universidad ha colaborado con las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones. Por ejemplo ha solicitado a los funcionarios que son sujetos a una investigación que se separen temporalmente del cargo en cuanto duren las mismas. Como fue el caso del Secretario Técnico de la Facultad de Jurisprudencia, así como a tres docentes de dos escuelas más. 

También se ha tenido la visita del personal de la Fiscalía General del Estado, de los Centros de Empoderamiento de la Mujer y de la Policía Cibernética en nuestras instalaciones y se han rendido ante las mismas todos los informes solicitados.
A través del Programa de Equidad de Género, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios, el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria y la Facultad de Psicología de la Unidad Saltillo, 
se ha ofrecido atención psicológica, legal y acompañamiento en el proceso a las jóvenes de varias facultades, para orientarlas y ayudarlas en sus procesos de denuncia.

Desde el viernes 15 de marzo comenzó una campaña en las redes sociales de la Universidad, para ofrecer a los jóvenes información de utilidad frente al acoso cibernético y la vulneración a la intimidad a través de medios electrónicos. 
De igual manera, ya contamos con un anteproyecto de Protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila, que en su diseño participaron especialistas, docentes, investigadores, funcionarios y alumnas. Por ejemplo, el día lunes 18 de marzo, un grupo de alumnas de todas las facultades fue recibido en las instalaciones de la Rectoría, para conocer sus propuestas y observaciones a dicho protocolo, el cual será publicado esta misma semana. 

De igual manera, instruí desde el día 13 de marzo, al personal del Programa de Equidad de Género, de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios y al Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, para que diseñen dos programas de capacitación, uno dirigido a alumnas y alumnos, para darles a conocer sus derechos y la forma de ejercerlos y otro enfocado a docentes y trabajadores de la Universidad, para hacerlos conscientes de sus responsabilidades en el marco de la puesta en marcha del protocolo, mencionado en el punto precedente.

En el mismo sentido, he solicitado al Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, que diseñe un estudio que nos permita dimensionar el problema de la violencia de género y por ende, que haga posible contar con información precisa, para implementar acciones focalizadas para la atención del mismo. 

El propio Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, ha prestado asistencia a algunas víctimas y está utilizando como modelo de actuación el protocolo de atención a los casos de violencia de género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad Torreón. 

Se trata de los avances que hasta el momento tenemos, más los que habrán de sumarse en estos días, que cubren la mayoría de los puntos que usted aborda en su artículo: 1) Reconocer el problema en toda su extensión y condenar puntualmente los hechos, 2) contar con un protocolo de atención, 3) Activar mecanismos de acompañamiento, 4) Canalizar a las víctimas a las autoridades competentes, 5) Ofrecer a través de la Comisión de Honor y Justicia, una vía institucional para la denuncia y atención de los casos, 6) Solicitar la elaboración de un estudio más amplio para dimensionar el problema, y 7) Ofrecer garantías a las víctimas para la denuncia y la no revictimización. 

Muchas gracias, le envío un gran saludo. 

Atentamente.
Jesús Salvador Hernández Vélez
Rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila

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