Preocupa nueva política energética a legisladores de Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Congreso de Coahuila pide explicación a Federación por acuerdo contra energías limpias
El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo del Presidente de la Junta de Gobierno Emilio de Hoyos, para buscar que la Federación explique cuáles serán las repercusiones económicas y medio ambientales derivadas del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
El exhorto va dirigido a la Presidencia de la República, así como a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal.
El pasado 15 de mayo pese a las advertencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se publicó dicho acuerdo que, según especialistas, tendrá un impacto en el desarrollo y la operación de la industria de energías renovables instalada y en proceso de instalación en el país.
De Hoyos mencionó que el cambio climático y la consecuente necesidad mundial de transitar a un modelo sustentable de energías renovables y limpias, ha desarrollado en las últimas décadas una industria de energías como la solar y la eólica.
“Y México ha sido testigo de ello recibiendo inversiones extranjeras y nacionales importantes, con el fin de instalar esta industria en el país”, señaló.
COAHUILA: OBJETO DE INTERÉS
Citó el caso del parque solar de Matamoros, el parque eólico en los límites de General Cepeda y Ramos Arizpe, o el parque eólico en Acuña, el más grande de México y los cuales además de brindar grandes ahorros a los consumidores, constituyen inversiones millonarias por más de 600 millones de dólares, y generan empleo y derrama económica para el Estado.
De Hoyos Montemayor dijo que resulta preocupante que mientras la tendencia internacional apunta a que la industria de energías renovables solar y eólica espera un mayor crecimiento, medidas como esta dañan considerablemente a un sector que reclama marcos regulatorios coherentes.
“Preocupa por demás, que la nueva política energética carece de una Manifestación de Impacto Regulatorio cuando menos, y por otro lado tampoco dimensiona las posibles cargas multimillonarias que tendrá el Estado Mexicano en cumplimento de laudos arbitrales que sin duda serán condenatorios”, dijo.
