Foto: Vanguardia/Alejandro Montenegro
La Ley contempla la creación de más laboratorios y de la conformación de los protocolos para la recuperación e identificación de personas fallecidas

Con el objetivo de mejorar la recuperación e identificación forense de personas en Coahuila, esta mañana el Gobierno del Estado entregó al Congreso Local una iniciativa para crear una nueva ley que contempla modificaciones en materia de protocolos y ejercicio de recursos. Cinco asociaciones de personas desaparecidas participaron en el proceso.

Los titulares de la Unidad de Derechos Humanos y de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Federico Garza y Sandra Rodríguez respectivamente, hicieron entrega esta mañana a los diputados locales del documento que contiene la propuesta para crear la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado.

La ley contempla la creación de más laboratorios y de la conformación de los protocolos para la recuperación e identificación de personas fallecidas y que son encontradas en fosas clandestinas sin saberse sus datos. El objetivo es regresarles el derecho a la identidad y a ser tratados de acuerdo con sus creencias.

Raúl Reyes, integrante del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) señaló que de acuerdo con los conocimientos de esa asociación, en Coahuila hay alrededor de 458 cuerpos que han sido recuperados y que permanecen sin identificar.

"Nosotros quisiéramos saber quiénes son estas personas, porque en su momento grupos delictivos enterraban a sus víctimas en panteones de manera clandestina y en la ley esto viene, queremos saber dónde están y quienes son. Que la ley sea para algo bueno porque no hemos acabado", señaló Silvia Ortiz, representante del Grupo Vida.

En la propuesta, que contempla además la asignación de un mayor número de recursos a la recuperación e identificación de restos, también participaron organizaciones como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.