Presos amontonados y otros VIP; comida mala, autogobierno: CNDH halla el hilo negro en prisiones
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En el caso de los centros estatales, la CNDH observó que en 95 de los 130 carecen de personal de custodia suficiente y hay sobrepoblación en 71 de ellos, el mismo número en el que se detectan unas condiciones de autogobierno de los presos. Además, detectó que en 73 de las prisiones la existencia de privilegios como el que un interno disfrute de dos celdas para él en el mismo penal donde 30 personas se hacinan en una celda habilitada para albergar a cuatro
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó hoy el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2015 sobre las cárceles del país que en su mayoría presentan deficiencias graves que van desde sobrepoblación, el hacinamiento, la existencia de privilegios, así como malas condiciones de salud e higiene.
El organismo revisó 130 prisiones estatales, 21 centros federales de máxima seguridad y tres prisiones militares, donde detectó un sin número de deficiencias que “violentan” los derechos humanos de los presos mexicanos.
En el caso de los centros estatales, la CNDH observó que en 95 de los 130 carecen de personal de custodia suficiente; en 71 cárceles del país existe hacinamiento, en 73 hay áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas; así mismo en 73 penales se advirtieron autogobiernos, pues se detectó que internos ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
Mientras que en 86 se detectó falta de prevención y atención de incidentes violentos, como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.
Del total de los centros penitenciarios revisados, el organismo advirtió que en 104 hay deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados; en 92 se identificó la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Además, el organismo detectó en 73 de las prisiones la existencia de privilegios como el que un interno disfrute de dos celdas para él en el mismo penal donde 30 personas se hacinan en una celda habilitada para albergar a cuatro, o que algunos internos disfruten de celulares, televisiones o armas pese a ser objetos prohibidos, detalla el DNSP.
Por otra parte, los Estados que obtuvieron las mejores calificaciones en el DNSP 2015 son: Guanajuato, con 8.02; Aguascalientes, 7.75; Baja California, 7.42; Chihuahua, 7.38 y Tlaxcala, 7.34, y los que tuvieron los menores promedios son: Nayarit, 4.11; Quintana Roo, 4.43; Guerrero, 4.99; Hidalgo, 5.01, y Tabasco, 5.06. Dijo que a los centros federales les correspondió un promedio global de 7.36 y a las prisiones militares de 7.93.
No es la primera vez que la misma CNDH encuentra autogobierno, hacinamiento, maltrato y violaciones distintas a los derechos humanos en las prisiones mexicanas. De alguna manera, fue como como hallar hilo negro.
Para el titular de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, el diagnóstico penitenciario correspondiente a 2015 presenta una mejora “marginal” con respecto al de años previos. Detalló que en una escala de 1 a 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21 para el año pasado, que si bien representa un crecimiento de dos décimas respecto de las calificaciones de 2014, “no implica un avance sustantivo o cambio radical en el panorama nacional en la materia”.
El Ombudsman nacional sostuvo que “día con día se violentan los derechos fundamentales de un gran número de mexicanas y mexicanos privados de su libertad”.
Y consideró que se debe “eliminar la falsa percepción que existe en algunas personas, en el sentido de que el respeto y vigencia de los derechos humanos es antagónico a la ejecución y cumplimiento de una pena privativa de libertad. Las y los internos están privados de su libertad, pero no de su dignidad como personas”.
González Pérez señaló que lo ocurrido en el penal de Topo Chico, donde en febrero del año pasado 49 reos perdieron la vida durante un intento de motín, evidenció las vulnerabilidades y fallas del sistema penitenciario.
“No debe esperarse a que haya hechos graves en un centro penitenciario para voltear a ver los problemas existentes e implementar acciones de carácter paliativo, ni tener actitud reactiva para atender un problema solo cuando tiene repercusión social”, dijo.
