Presupuesto 2021, ¿negociará la federación con estados?

La decena de mandatarios estatales que integran la denominada “Alianza Federalista” planteó ayer la necesidad de una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con el propósito de presentarle propuestas que impidan el recorte de 108 mil 521 millones de pesos planteado en el presupuesto de egresos de la federación para el año próximo y que afectaría a las haciendas locales.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, y quien integra dicha Alianza, resumió en 13 palabras la posición que él y sus colegas tienen respecto de la propuesta presidencial: “la construcción del presupuesto, disminuyendo recursos a las entidades federativas, es un fracaso”.

Sin embargo, tal como lo plantearon al momento de abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatario “rebeldes” no solamente se quejaron ayer de las pretendidas disminuciones a los presupuestos estatales, sino que plantearon alternativas para evitar que estas se concreten durante la negociación del paquete fiscal 2021.

Entre las alternativas que se pretende discutir con el titular de la SHCP, se adelantó, está la posibilidad de crear un nuevo Fondo de Estabilización con los recursos que en el 2020 y ejercicios anteriores no haya ejercido el Gobierno Federal, así como con los remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos.

También se propone crear un Fondo Especial para Proyectos Estratégicos de Infraestructura en los Estados, que sirva para el financiamiento de obras que eleven la competitividad en cada entidad, además de restablecer programas como el Fortaseg, Escuelas de Tiempo Completo y el Fondo Metropolitano para zonas densamente pobladas.

Cabría esperar que el Gobierno de la República muestre, en principio, flexibilidad para abordar la discusión, de forma que los planteamientos adelantados por los mandatarios estatales sean escuchados y analizados en sus méritos para luego tomar una decisión que resulte benéfica para los intereses de toda la comunidad.

En esta ruta es preciso reconocer que el gobierno encabezado por el presidente López Obrador tiene un mandato que le otorgaron 30 millones de mexicanos en las urnas y de ese mandato deriva la legitimidad para plantear una reorientación del gasto público en el sentido de los ofrecimientos que realizó en campaña y por los cuales los ciudadanos votaron.

Sin embargo, los mandatarios estatales y los ayuntamientos del país también poseen esa legitimidad y por ello tienen derecho a contar con los recursos que les permitan concretar los proyectos que ofrecieron a sus votantes. Encontrar el equilibrio entre los distintos proyectos políticos por los cuales los ciudadanos votaron debería ser el propósito de la negociación.

Porque la legitimidad democrática que otorgó el voto popular al Gobierno de la República no implica la subordinación de los proyectos locales y municipales a las determinaciones del centro, como si el mandato de las urnas tuviera un orden de prelación según el cual, los proyectos estatales y municipales dependieran de que “sobre dinero” después de que la Federación financie “sus” proyectos.