Marcha para exigir la presentación con vida de personas desaparecidas. / Foto: Cuartoscuro
En las observaciones del organismo se alertó sobre la falta de implementación de la ley general de desapariciones forzadas y la escasa coordinación que prevalece entre los diferentes niveles de gobierno

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la permanencia de desapariciones generalizadas en gran parte del país, la impunidad que se mantiene entorno a este delito y alertó sobre la gran cantidad de cadáveres sin identificar. 

De acuerdo con las observaciones finales que presentó el organismo internacional, México tiene una de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, además de que destaca la emergencia que existe por un alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada a lo largo de todo el país. 

Foto: Tomada de Internet

El Comité también observa una falta de avances efectivos en la plena implementación de las recomendaciones formuladas en sus observaciones finales a pesar de que reconoce avances en materia legislativa y de fortalecimiento a las instituciones que tiene el estado para atender los casos de desapariciones. 

Al hacer un análisis de cada uno de los puntos en que hay algún rezago, el Comité deploró que el México mantenga su postura de considerar la visita que quieren realizar para realizar un análisis a la situación y conocer la magnitud del problema que existe en nuestro país sobre el tema de desapariciones forzadas. 

En este sentido, alertó de la falta de implementación de la ley general de desapariciones forzadas, así como la escasa coordinación que prevalece entre los diferentes niveles de gobierno, y la falta de independencia de los órganos autónomos que se encargan de atender la problemática.

“Preocupan al Comité las deficiencias en la demorada puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda, la escasa participación de organizaciones de la sociedad civil y de los colectivos de víctimas, la falta de datos confiables y desglosados, la necesidad de financiamiento, las deficiencias y retrasos injustificados en la búsqueda inmediata y en la identificación, la falta de enfoque de género, así como la publicación de información sin consulta previa con las víctimas”, detalla el documento.