La crisis del Sistema Penitenciario se puede ver en las cifras: 394 personas murieron en las prisiones mexicanas durante 2017, en promedio, cada día murió una persona en custodia del Estado.

Además de esto, las cárceles mexicanas ofrecen condiciones infrahumanas, un tercio están en condiciones de sobrepoblación, y otro tercio presentan autogobierno, según el Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condiciones que vulneran la dignidad humana, como lo reconoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en una sentencia histórica que ordenó las autoridades a reparar estas condiciones y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en la Ciudad de México. 

Uno de los instrumentos que permitirán garantizar condiciones dignas y derechos a las personas en prisión (tanto sentenciadas como en prisión preventiva, es la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), por lo que organizaciones civiles, familiares de personas privadas de libertad y especialistas, exigen a las autoridades correspondientes la plena implementación de esta legislación, que a pesar de entrar en vigor desde el 17 de junio de 2016, se han negado a aplicar.

Esta negativa a hacer efectivo lo establecido en la LNEP continúa con el modelo carcelario que generó mil 22 incidentes violentos durante 2017 y 956 de enero a abril de 2018, lo que no solo vulnera los derechos de las personas que están privadas de libertad, sino a sus familiares y visitas, así como a sus defensas e incluso al personal administrativo y de custodia de los centros penitenciarios; impactando de manera diferenciada a grupos en condiciones de desigualdad como las mujeres, niñas y niños, integrantes de la comunidad LGBTI y población indígena, entre otras. 

A dos años de su entrada en vigor, la LNEP enfrenta todavía obstáculos para su plena aplicación, como la falta de recursos humanos y presupuestales, lo que han impactado en la poca o nula capacitación de juezas(es), ministerios públicos y defensas, en materia de ejecución, a lo que se suma la falta de voluntad de estos actores para hacer valer la ley. 

A la falta de voluntad política para implementar esta legislación se suman las intenciones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y de la Presidencia de la República para retroceder en la reforma al sistema de justicia penal y promover un modelo que busca limitar los derechos garantizados en varios artículos de la LNEP, lo que significa un retroceso en la protección de los derechos humanos.

La LNEP se publicó el 16 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y forma parte de la reforma al sistema de justicia que se está implementando desde 2008. Esta legislación es una pieza fundamental en el nuevo sistema de justicia ya que propone una transformación del paradigma penitenciario hacia uno que toma en cuenta a las personas privadas de libertad como sujetas de derechos, sin importar su condición jurídica, económica o social. 

Quienes promovemos la aplicación sin trabas de la Ley Nacional de Ejecución Penal pedimos que no se dé ni un paso atrás y que se garantice la #PrisiónConLey.

Para mayor información sobre la campaña #PrisiónConLey y las exigencias que sociedad civil, especialistas y familiares de personas privadas de libertad tienen para las autoridades de los tres poderes de gobierno, aquí se puede encontrar el comunicado: goo.gl/shTuRr  

Corina del Carmen Arriola Romero 
Documenta A.C.
@Documenta_AC
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