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“El riesgo es que los beneficiarios usen el dinero que el gobierno les deposita para comprar en el tianguis donde no se paga IVA, en la cantina y otras actividades que no son el objetivo de los programas o que la tarjeta para el adulto mayor la agarre el nieto y se vaya al teibol”, expresó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad)

Ciudad de México. Con el reparto de subsidios a través de tarjetas de débito se corre el riesgo de que los programas sociales del gobierno federal queden desvirtuados y no cumplan con los objetivos previstos porque disponen de dinero en efectivo que puede ser utilizado en cualquier otra cosa, advirtieron dirigentes de organismos empresariales y de organizaciones sociales.

Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), demandó al gobierno federal poner candados a las llamadas tarjetas del bienestar, entregadas a adultos mayores, estudiantes o personas con discapacidad, como los tenían las que se entregaban el sexenio pasado en Ciudad de México para que sólo se utilizaran en negocios establecidos para la adquisición de despensa, medicinas u otros artículos, pero dejaba excluidas las compras de alcohol y cigarros.

“El riesgo es que los beneficiarios usen el dinero que el gobierno les deposita para comprar en el tianguis donde no se paga IVA, en la cantina y otras actividades que no son el objetivo de los programas o que la tarjeta para el adulto mayor la agarre el nieto y se vaya al table”, expresó Yáñez.

En el Istmo de Tehuantepec, donde se aceleró la entrega de tarjetas durante los últimos días de abril, antes que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitara la zona para promover el Corredor Transístmico, “las cantinas alrededor de las escuelas, como el Bachilleres de la ciudad de Matías Romero, se llenaron de jóvenes, incluso vestidos con uniforme, haciendo uso de su recién adquirida capacidad económica”, comentó Carlos Baes, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.

El dinero de las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro también provocó, dijo, el incremento en las ventas de teléfonos celulares en la zona. Las tarjetas para los jóvenes se entregaron de manera indiscriminada, sin un estudio socioeconómico de por medio y aunque hay muchos que si las necesitan para seguir estudiando, hay hijos de comerciantes o profesionistas que no la requieren, criticó Baes.

Consideró que los recursos de las tarjetas deben estar etiquetados para que los jóvenes, por ejemplo, sólo puedan utilizarlas para pagar sus pasajes o comprar ciertos productos como libros o artículos de papelería. Además, la entrega de la tarjeta debe estar sujeta a una evaluación del desempeño escolar de los jóvenes.

El dirigente de la Antad aseguró que desde enero pasado la organización envió cartas a las secretarías de Economía y Hacienda para expresar su preocupación sobre la forma en que se están dispersando los recursos de los programas sociales y pedir su modificación y aunque ya pasaron 4 meses no ha obtenido ninguna respuesta.

El miércoles pasado, Vicente Yáñez aprovechó una conferencia de prensa sobre El Buen Fin en la Secretaría de Economía para hacer pública su posición ante subsecretario Ernesto Acevedo y la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat.

“Sí nos preocupa ver que se den monederos que son tarjetas de débito porque la gente puede retirar el dinero y se va a perder el consumo en establecimientos formales y hasta el gobierno va a perder porque no va a recaudar IVA por esas compras. Sí esperamos que esas políticas públicas se modifiquen y que los programas cumplan con el propósito para el que están hechos y fomenten la economía formal”, expresó.

También Alfonso Anaya y Antonio de la Torre, dirigentes de organizaciones de industriales de la masa y la tortilla de los estados de Aguascalientes y Durango, expresaron que el comercio informal resulta beneficiado con las tarjetas del bienestar, en lugar de que el gobierno diseñe un mecanismo para que dichos recursos sean utilizados en negocios establecidos y con ello se impulse la formalidad, la economía nacional y también la recaudación fiscal.