Se trataba de ‘rescatar’ a los menores y alejarles de un entorno en el cual no era posible garantizar su integridad personal


Entre las múltiples responsabilidades que tiene el Estado, se encuentra la de diseñar e implementar políticas públicas capaces de garantizar la seguridad y el pleno desarrollo de la niñez, lo cual implica brindar a las niñas y niños la protección adecuada durante esa etapa de sus vidas en la cual son particularmente vulnerables.

Para cumplir con tal responsabilidad se han creado distintas instituciones públicas, cada una de las cuales cuenta con responsabilidades específicas en torno al propósito arriba mencionado. Una de esas instituciones es —en Coahuila— la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, una de cuyas tareas es la de actuar en aquellos casos en los cuales un menor se encuentra en riesgo.

Como lo consignamos en esta edición, partir de esta responsabilidad de la Pronnif, hace año y medio se tomó la decisión de separar a dos menores de su seno familiar, tras haberse determinado que la permanencia en este constituía un riesgo para ellos.

A partir de tal decisión se les depositó en la Casa Cuna de Saltillo en donde permanecieron, bajo el cuidado del Estado, en tanto se definía su situación y se les brindaba una mejor alternativa para crecer y desarrollarse en circunstancias favorables a dicho propósito.

Y aquí es preciso hacer énfasis en la naturaleza de la decisión adoptada por la Procuraduría: se trataba de “rescatar” a los menores y alejarles de un entorno en el cual no era posible garantizar su integridad personal, así como su adecuado desarrollo.

Paradójicamente, según lo ha informado la administración estatal, uno de ellos perdió ayer la vida luego de ser trasladado al Hospital del Niño a causa de un cuadro que, de acuerdo con el diagnóstico dado a conocer, consistía en choque hipovolémico y gastroenteritis aguda.

El diagnóstico informado constituye, de acuerdo con la literatura médica, un cuadro de emergencia y, dado que, al menos con la información conocida, no fue producto de un accidente, resulta indispensable —tal como ya lo ha hecho la Fiscalía estatal— iniciar una investigación para averiguar las causas detrás del deteriorado estado de salud del menor cuya muerte hoy reseñamos.

Y es que, al menos a primera vista, pareciera que nos encontramos ante un caso en el cual las instituciones públicas han fracasado de forma lamentable en su responsabilidad más importante para con el menor fallecido: garantizar su protección de forma integral, lo cual incluía garantizarle un buen estado de salud física.

Es de esperarse que en torno a estos hechos se realice una investigación pulcra y se deslinden las responsabilidades a que hubiera lugar, pues existe la posibilidad de que el estado de crisis en el cual llegó al hospital se debiera a una cadena de actuaciones negligentes de parte de las personas responsables de su resguardo.

Resultaría inaceptable que la actuación negligente de quienes lo tenían a su cuidado, hubieran terminado por provocar un desenlace fatal cuando la razón inicial por la cual fue separado de su familia hace 18 meses fue, precisamente, alejarlo de un entorno en el cual corría riesgos.