Oneroso es el costo del rescate bancario de 1996-1998, lo que se conoce como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) —hoy Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)—, porque, según la Secretaría de Hacienda, tan sólo en el primer bimestre de 2019 el pago fue de 22,716 millones de pesos (mdp), superando en 14% el monto al de igual bimestre de 2018, debido al incremento de las tasas de interés internas. Además, en esta partida del gasto aparece un rubro denominado “otros”, por un monto de 5 mil 908 mdp, elevando el total a 28 mil 624 millones de pesos.

Recordemos la historia. Mientras la gran mayoría de la población mexicana reverenciaba a la Virgen de Guadalupe, un 12 de diciembre de 1998 la bancada legislativa del PRI y del PAN (los segundos en su mayoría católicos), con el nuevo IPAB, legalizaron como pública la enorme deuda bancaria de alrededor de 600 mil mdp de pesos, carga generada por la crisis económica, la inexperiencia de banqueros improvisados y, por supuesto, la corrupción.

En ese tiempo, desde el Banco de México se afirmó que el rescate sólo sería temporal y por un monto de 400 mil mdp, hoy los pasivos que debe pagar la sociedad mexicana vía impuestos se han incrementado a más de 950 mil mdp (sin considerar los pagos ya realizados), mientras desde entonces los bancos reprivatizados han obtenido utilidades por más de un billón 330 mil mdp, y sigue la cuenta. Por las corridas financieras, el pago a capital y la acumulación de intereses, se afirma que el pago de los pagarés firmados por el Gobierno Federal se extenderá hasta el año 2065.

Como especulación política del caso, el acuerdo entre Felipe Calderón como presidente nacional del PAN y el Gobierno Federal bien pudo traer consigo la negociación de la Presidencia de la República para el año 2000 (“aprueben y la próxima es de ustedes”, tentador el asunto), esto porque unos días antes el propio Calderón Hinojosa ya había pactado con Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, que el rescate no se aprobaría sin antes analizar cada expediente y ofrecer alternativas viables para apoyar a los deudores de la banca afectados por la crisis económica, uno de cuyos efectos fue el elevadísimo incremento de las tasas de interés crediticias. Pero no fue así, y la enorme deuda bancaria se legalizó como deuda pública.

Se sabe que, previo a la crisis económica, los banqueros operaron ilegales triangulaciones de capitales, se ocultó información financiera, se realizaron traspasos indebidos y se articularon estrategias leguleyas y jurídicas que provocaron la grave contingencia bancaria; hoy es probable que jurídicamente cada uno de los casos hayan fenecido.

El actual Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI, antes IFAI creado en junio de 2013) tiene como consigna que cada uno de los expedientes del Fobaproa son de “información reservada”, por lo que no se pueden investigar a fondo los enredos de este caso monumental de cohecho. Sin embargo, aun como datos históricos, dichos expedientes de corrupción deben abrirse al conocimiento de la sociedad mexicana como un derecho a saber el destino del pago de impuestos y para conocer a detalle las causas de uno de los mayores atracos a la nación.

Cabe recordar la advertencia histórica de López Obrador: “Al votar junto al PRI, el PAN resolvió el problema de los banqueros y del gobierno, pero condenó a millones de mexicanos a la pobreza y el hambre”. La sentencia resultó cierta.

DATOS

28,624 millones de pesos  se destinaron durante el primer bimestre de 2019 como pago total a conceptos vinculados al rescate bancario que nació como Fobaproa y que actualmente es el IPAB.

En comparación, durante ese mismo periodo...

>  Al gasto en desarrollo social se destinaron 17,729 mdp.

>  A Salud 12,309 mdp.

>  A la Defensa Nacional 10,139 mdp.

>  Para agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural fueron 9,204 mdp.

 

*Catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC