En su última sesión del año, el pleno del Poder Legislativo de Coahuila designó ayer a Miguel Mery Ayup, Homero Ramos Gloria y Ulises Hernández Torres como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cargo que ocuparán por 15 años.

Adicionalmente, Griselda Elizalde Castellanos y Lorena Ivonne Rodríguez Fernández fueron nombradas magistradas supernumerarias del mismo cuerpo colegiado, por un período de seis años.

Con las designaciones de ayer, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado se encuentra completamente integrado de nuevo, luego de que una reciente reforma a su Ley Orgánica incrementara de 14 a 16 el número de sus integrantes.

Más allá de la aritmética, sin embargo, y a partir de los perfiles ratificados por el Poder Legislativo, resulta obligado preguntarse qué se requiere realmente para ser integrante del máximo tribunal jurisdiccional de nuestra entidad.

Aparentemente nada, más allá de contar con la “bendición” de un partido político y ser capaz de sortear los “vetos” de los partidos contrarios. Reunidos tales requisitos, el camino queda allanado para incorporarse a uno de los poderes de la entidad, durante una década y media.

Nada nuevo, por lo demás, pues las designaciones para tan relevante cargo han seguido históricamente, salvo muy contadas excepciones, la misma ruta: el cumplimiento de los requisitos estrictamente legales -definidos en la Constitución del Estado- y nada más.

En esta ocasión, además, todo hace indicar que la aprobación “consensuada” de la nueva terna de magistrados tuvo como componente clave el “reparto” de las magistraturas a nivel partidista -aunque sólo entre el PRI y el PAN- pues mientras a Mery Ayup y Ramos Gloria se les identifica claramente con el tricolor, la trayectoria de Hernández Torres muestra una clara militancia en Acción Nacional.

A partir de tal fórmula, no solamente se logró concitar 21 de los 25 votos de la Legislatura a favor de los nuevos magistrados, sino que se garantizó la realización de manifestaciones de reconocimiento a los “méritos” de quienes, en otro momento, se les habría acusado de carecer de independencia o contar con un perfil “partidistas” inadecuado para el cargo.

Mención aparte merece -una vez más- el hecho de que la “histórica” mayoría femenina que exhibe el Congreso de Coahuila no haya servido siquiera para construir un discurso que advirtiera sobre la ampliación de la brecha de género que han significado estas nuevas designaciones en el pleno del TSJ.

¿Qué perfil deberían exhibir quienes formen parte del máximo tribunal de la entidad? Desde la perspectiva de los ciudadanos, uno que haga surgir la confianza en que la justicia será un elemento fundamental del arreglo democrático que pretendemos como fórmula de organización social.

Las designaciones de ayer están, como suelen estarlo, muy lejos de convocarnos a la confianza y sí muy cerca de ratificarnos que, con todo y los descalabros políticos del pasado reciente, el ejercicio discrecional del poder goza de cabal salud en Coahuila.