Foto: Cuartoscuro
El plan de austeridad del presidente López Obrador avanza con más despidos en la administración pública federal.

El pasado miércoles a dos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) les impidieron la entrada al edificio de la dependencia, ubicado al sur de la Ciudad de México. En la recepción los vigilantes, de la Policía Bancaria Industrial (PBI), les negaron el acceso. Un día antes, a ambos funcionarios les había pedido su renuncia y ellos se negaron.

“Me pueden acusar de abandono de trabajo, no me han bloqueado el correo electrónico (institucional) y puedo ver los mensajes que me han enviado los contralores”. En los hechos, dice uno de los funcionarios, quien ha pedido que no se mencione su nombre por temor a represalias, no ha sido bloqueado del sistema que utilizan para trabajar.

Como estos casos, de a poco, la prensa mexicana los ha ido documentando. Algunos empleados o exempleados deciden hacer públicas sus denuncias por despidos, como los del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero la gran mayoría son testimonios cuya identidad está reservada.

70% del personal de confianza se irá

A mediados de julio de 2018, días después de ganar las elecciones presidenciales más grandes de la historia del país y con el mayor número de votos que haya obtenido un candidato (30 millones), Andrés Manuel López Obrador anunció su plan austeridad y contra la corrupción.

En el punto 21, de un total de 50 lineamientos, informó que reduciría “toda la estructura de trabajadores empleados de confianza en un 70% del personal y del gasto de operación”.

Sin embargo, la reducción de la plantilla laboral también ha afectado a los empleados que fueron contratados mediante el Servicio Profesional de Carrera (SPC). Este mecanismo, fue creado para garantizar que quienes ingresaran a laborar al gobierno federal tuvieran la mejor preparación, y obtuvieran y conservaran su puesto con base en sus méritos profesionales.

El recorte de personal está ocurriendo en todas las dependencias, entidades y órganos que pertenecen a la administración pública centralizada y paraestatal, dice Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma Abogados.

Algunas cifras de despidos

El bufet del que Martínez es asociado representa a más de 6,500 trabajadores del gobierno federal que están teniendo conflictos laborales por este plan de ahorro. De ellos, 2,400 ya fueron despedidos. El resto, unos 4,100 empleados, se han acercado al despacho porque su trabajo está en riesgo.

La Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (Ssa), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son algunos de los lugares donde ya ha sido despedidos, según el abogado.

En octubre de 2018 más de 2,000 empleados del Senado de la República, es decir, a 64% de la plantilla, fueron liquidados. El 14 de diciembre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) despidió a 90 trabajadores, como parte de las medidas de austeridad.

El 20 de diciembre el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la reducción de personal sin precisar el número. Hasta ahora 10 trabajadores dejaron de prestar servicio para ese organismo.

Los casos más visibles, por sus denuncias en redes sociales y mítines, han sido los del SAT. Por lo menos unas 1,000 personas han sido desvinculadas, la gran mayoría denuncia que han sido presionados para firmar una renuncia voluntaria. Muchos de ellos eran empleados operativos, con sueldos de 11,000 pesos al mes.

Ya en enero de este 2019, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, adelantó que 3,000 trabajadores serán liquidados. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) por lo menos 40 trabajadores fueron separados de su puesto.

Este año también fueron despedidos más de 3,000 empleados de la Cámara de Diputados y el 30% de la plantilla de la Secretaría de Educación Pública.

 

Miles de clientes para los despachos de abogados

“Se están tirando a la basura millones de pesos en capacitación y profesionalización de servidores públicos de los tres últimos sexenios”, desde que se creó el Servicio Profesional de Carrera, reprocha Martínez. Capital humano formado durante mucho tiempo, está saliendo y continuará haciéndolo, pronostica.

El año pasado, al escuchar los planes de ahorro de López Obrador, previeron que muchos empleados del gobierno podrían requerir un abogado. A nombre del despacho él y sus socios enviaron miles de correos electrónicos a los servidores públicos federales para ofrecer sus servicios. “Como nosotros, otras firmas llevan miles de casos”.

Los litigantes creyeron que la medida solo alcanzaría a una buena parte de los 250,000 empleados de confianza en el país. “Los del Servicio Profesional de Carrera, que se sometieron a exámenes de oposición, que tienen niveles de estudio más alto, no tendrán bronca”, pensaron.

Los cerca de 37,000 trabajadores del SPC no pueden ser desvinculados de su puesto. A menos que ellos renuncien de manera libre y voluntaria, explica el abogado. Por eso les están pidiendo que ellos mismos decidan firmar su separación laboral, “un acto que es unilateral, ni el patrón tiene derecho a solicitarla, ni el empleado tiene obligación de pedirla”.

Quienes se niegan a renunciar están siendo despedidos de manera injustificada, asegura Rodolfo Martínez. El gobierno federal “está aplicando una estrategia agresiva para separarlos de su cargo, sin importar la preparación, trayectoria o los derechos adquiridos”.

“No firmen renuncias”

Los amparos o demandas laborales que los socios de Trusan & Roma Abogados han interpuesto son para evitar despidos o para reclamar por ellos, unos son individuales y otros son colectivos. Entre sus casos también hay trabajadores sindicalizados o de base.

Rodolfo Martínez, asociado de la firma, dice que existen “sólidos argumentos jurídicos y precedentes jurisdiccionales que dan la certeza de que estos servidores tienen todas las posibilidades de ganar”.

Sin embargo, cree que el mensaje que lanzan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al aceptar reducirse el salario, es de una “laxa actitud del Poder Judicial para defender sus derechos”. El recorte salarial autoimpuesto no se debió a motivos de ahorro, sino a razones políticas, opina.

El abogado se dice preocupado de que los jueces, bajo ese contexto de lo que él le parece como debilidad, fallen a favor del gobierno.

Y ante la inminente continuación de despidos, recomienda no firmar la renuncia. Si lo hacen, “no habrá abogado que pueda hacer algo por ellos”. Si a un empleado le advierten que su plaza va a desaparecer y les proponen continuar en la dependencia, pero con un nivel inferior, “tampoco lo acepten”.