Encargado del área de readaptación urge a reformar las reglamentaciones

CDMX.- Si las autoridades penitenciarias estatales y federal tuvieran la facultad de decidir sobre los traslados de los presos, potestad que se les retiró en la nueva Ley de Ejecución Penal, los centros de reclusión del país serían menos vulnerables a motines, aseguró tajante el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Alberto Rodríguez Calderón.

Ante la crisis de sobrepoblación y autogobierno en los centros de reclusión locales, el funcionario de la Comisión Nacional de Seguridad urgió a reformar esa norma, en vigor desde junio de 2016, para que el movimiento de internos dependa de las autoridades administrativas y no de los jueces, quienes, dijo, “desconocen” la vida penitenciaria del País.

Anunció que a partir de enero pondrán en práctica 44 protocolos de actuación en todos los penales de México, entre los que destacan el de uso de la fuerza, manejo de motines y para evitar la evasión o fuga de reos, los cuales operarán formalmente hasta junio de 2018.

Ante ello, solicitó voluntad política a los gobiernos de los estados para implementar los mecanismos y con ello garantizar la integridad física de las personas privadas de la libertad.


-¿Cómo va el diseño de los protocolos de actuación en los penales, de acuerdo con la nueva Ley de Ejecución Penal?-  “Con el apoyo de los 32 estados del País, hemos logrado tener en este momento 44 protocolos de actuación aprobados por todos los sistemas penitenciarios estatales y también por el federal. Significa que, a partir de junio de 2018, van a entrar en vigor y todos los estados tienen que aplicarlo. Esto implica derechos, pero también responsabilidades. Los sistemas penitenciarios que no cumplan con estos ordenamientos nacionales, serán inevitablemente responsables de sus actos o de sus omisiones.

Del 1 de enero al 17 de junio de 2018, será un periodo de implementación en la práctica de esos protocolos, para que en todos los estados y en la federación vayamos avanzando, previo a la entrada en vigor programada para el 18 de junio de 2018”.

-¿En qué consisten los 44 mecanismos aprobados?- “De los más importantes está el protocolo para el uso de la fuerza, el referente para evitar fugas o intentos de evasión y el protocolo solo para saber cómo se manejan los motines, que es algo muy importante en ese sentido. Los motines han sido un problema muy grave desde el año pasado en los penales estatales y con este protocolo estamos dándoles todas las recomendaciones y los conocimientos de la manera en cómo se deben manejar los intentos de motín o los motines en todo el País”.

-¿Contemplan modificaciones en los procesos de revisión al ingreso de los centros de reclusión?- “Otro protocolo es el de revisión a toda persona que ingrese a un centro penitenciario. Vamos a homologar toda la actividad en ese sentido. Cómo se debe hacer la revisión a las personas que ingresen y que esto sea exactamente igual, [tanto] en Tijuana y en Mérida, [como] en Veracruz y en Guadalajara”.

¿Fue incluida la CNDH en la elaboración de los protocolos, por las recomendaciones que ha emitido a los sistemas penitenciarios?-    “Por supuesto. Llevamos un año y dos meses trabajando en esto y se han realizado grupos de trabajo con los representantes de todos los sistemas penitenciarios estatales y con personal de la CNDH que conoce los protocolos y que, obviamente, estamos todos de acuerdo en que es la mejor forma de homologar el trabajo penitenciario en todo el País”.

-¿Con estos mecanismos se reestablecerá el orden en los penales?-  “Esa es la pretensión”.

-¿Sin voluntad política, protocolos serán letra muerta?-  “Este proyecto se hace con voluntad y también con acciones importantes en lo que es la inversión. Los gobiernos de los estados tienen que invertir en los sistemas penitenciarios, no hay de otra”.

 

-¿A raíz de lo sucedido en el penal de Chiconautla, analizan trasladar reos del fuero federal recluidos en penales estatales?- “La nueva Ley de Ejecución Penal establece, con toda precisión, que el traslado de las personas privadas de la libertad ya no depende de las decisiones administrativas de los sistemas penitenciarios, ahora es una facultad única y exclusiva de los jueces, tanto estatales como federales, lo que significa que nosotros no podemos decidir sobre el traslado de internos de un penal a otro estatal o federal”.

-¿Si los operadores del sistema penitenciario tuvieran la facultad de traslado, habría menos reos del fuero federal en cárceles locales?-   “De nosotros tener la facultad de mover a los internos, podríamos ser menos vulnerables a los motines”.

-¿El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social ve bien esta disposición?- 

 “El hecho de que esté judicializado el traslado de personas privadas de la libertad se hizo como una función de ampliar las garantías de los internos. Había quejas de que las autoridades administrativas hacían de alguna manera los traslados de internos de manera irregular, por lo que en la nueva ley se determinó que esta facultad ya no estuviera en manos de las autoridades administrativas, sino en manos de los jueces”.

-¿Teniendo ustedes el control de los traslados de internos, habría orden en los penales?-   “Lo que estamos tratando es hacer menos complicado y menos burocrático el movimiento de internos entre penales estatales o entre penales estatales a federales y viceversa.

Esto es debido a que los que conocemos los problemas al interior de los penales, somos nosotros”.

-¿Este sería el nuevo modelo del sistema penitenciario en México?-  “Así es. Estamos trabajado y tenemos ya prácticamente terminados los protocolos que serán la guía de actuación de todos los sistemas del País. Todo mundo, a partir del 18 de junio de 2018, debe actuar para garantizar totalmente la integridad física de las personas privadas de la libertad, la gobernabilidad de los centros penitenciarios para que no existan los problemas que hemos visto en las últimas fechas en los penales de los estados”.