Hace ya mucho tiempo que es común consignar en los medios de comunicación los señalamientos relativos a la crítica situación del fondo de pensiones de los trabajadores de la educación que, aunque mayoritariamente afecta a los integrantes de la Sección 38 del SNTE, también implica a empleados de la Universidad Antonio Narro y de la UAdeC.

Pero que el hecho ya no sea novedad no quiere decir que deba dejar de comentarse. Y menos cuando surgen señalamientos como el que consignamos en esta edición y que plantean la hipótesis de que la “quiebra” del sistema sería consecuencia de la corrupción.

Y es que, de acuerdo con Salvador Ruelas García, consejero de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la UAAAN, “el problema” del fondo de pensiones se originó a partir de un hecho concreto: en algún momento del pasado fueron “malversados” 70 millones de pesos de dicho fondo, recursos que se habrían desviado al Instituto de la Vivienda de la Sección 38 del SNTE y a “otras instituciones particulares”.

 

Pedir que se ‘rescate’ el fondo de pensiones de la UAAAN es un eufemismo que, traducido al lenguaje común, quiere decir que los contribuyentes paguemos los platos rotos de los excesos y la mala administración"

Se intuye, desde luego, que el “uso” de tales recursos fue irregular, es decir, que se usó para financiar proyectos para los cuales no estaba destinado. Pero eso sería en el mejor de los casos, pues en el peor, si se destinó a proyectos de “instituciones particulares” estaríamos hablando de una sustracción ilegal de dichos recursos.

No es la primera ocasión que esta versión se ventila públicamente, es preciso decirlo. Sin embargo, cobra relevancia una vez más, porque desde el Sindicato de Trabajadores Académicos se está solicitando que el Gobierno del Estado “lance un salvavidas” que rescate –una vez más– el referido fondo pensionario.

Pedir que se “rescate” dicho fondo es un eufemismo que, traducido al lenguaje común, quiere decir que los contribuyentes paguemos los platos rotos de los excesos y la mala administración del fondo.

Las preguntas resultan obligadas: ¿por qué debemos pagar los contribuyentes por un problema que pudo ser causado por un acto de corrupción? ¿No tendría que abrirse una investigación seria que al menos sirva para saber la verdad y dejar claras las cosas?

Resulta inadmisible que desde la dirigencia sindical de la Narro se diga, con la mayor naturalidad, que el problema de hoy deriva de un acto de corrupción de ayer, pero que nadie haya hecho nada formal en su momento y ahora se pretenda pasarle la factura a los contribuyentes.

Por otra parte, si se trata de una realidad y no de una simple especulación, entonces el tema no es ya un asunto que le importe sólo a los jubilados y empleados en activo de la Narro, sino a toda la comunidad, porque no debe usarse el dinero de todos para “corregir” los problemas causados por un hecho delictivo.

Hacer eso implicaría enviar un pésimo mensaje en un momento en el cual el reclamo colectivo para que se ponga un alto a la corrupción y la impunidad es más fuerte que nunca.