Quienes se encargan de los procesos de adquisición en el IMSS poseen nulas habilidades para comportarse como consumidores con inmensas capacidades de negociación

La ineficiencia, lo sabemos todos, es un mal endémico en el servicio público en México. Pero que la afirmación anterior sea un hecho sabido no implica justificar en lo más mínimo el que se trata de una situación indeseable y, sobre todo, no reduce un ápice el costo que esta tiene para los ciudadanos.

El señalamiento anterior viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la revelación realizada por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), según la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social habría cancelado la adquisición de 20 ventiladores respiratorios a la empresa de León Manuel Bartlett, hijo del director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la publicación realizada por MCCI, el IMSS, tras recibir los equipos que compró al precio más alto registrado hasta ahora durante la pandemia, encontró que “los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir, no cumplían con los requerimientos funcionales acordados”, razón por la cual los rechazó y canceló la adquisición.

Claramente, el Gobierno de la República sale al paso, con esta decisión, a los severos cuestionamientos que ha recibido por la adjudicación de un contrato que huele a tráfico de influencias, y con ello evita que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deba exhibirse nuevamente como “encubridora” de Manuel Bartlett Díaz, a quien ya exoneró en una ocasión.

Pero con independencia de la lectura que pueda darse a la “cancelación” de este contrato, lo que parece quedar claro es que en el IMSS no saben comprar, es decir, que quienes se encargan de los procesos de adquisición en dicha institución poseen nulas habilidades para comportarse como consumidores con inmensas capacidades de negociación frente a los proveedores.

Y para evidenciar lo anterior basta recordar que, antes del “episodio Bartlett”, el IMSS había adjudicado un contrato, por 93 millones de dólares, a la empresa Levanting Global Servicios LLC, a la cual le había aceptado una oferta para la compra de 2 mil 500 ventiladores respiratorios.

¿Por qué decidió el IMSS rescindir dicho contrato? En la versión oficial, porque la empresa incumplió con el plazo de entrega. En la versión que más personas se inclinarán a creer, porque el propietario de la empresa, Baldemar Pérez Ríos, es un individuo que ha sido sentenciado por un juez federal luego de intentar defraudar a Pemex mediante el uso de una empresa “fantasma”.

En condiciones normales, que estos episodios ocurran en una institución pública resultan absolutamente condenables. Pero que se den en medio de una pandemia, que ya ha costado la vida a miles de personas, plantea un escenario de negligencia criminal por parte de quienes se encuentran al frente de nuestras instituciones sanitarias.

¿Quién se encarga de las adquisiciones en el IMSS? ¿Cómo fue seleccionado el equipo responsable de esta delicada tarea en estas condiciones extraordinarias? ¿Qué clase de directrices están siguiendo los encargados de atender la contingencia que estamos viviendo?

A juzgar por los hechos, sin duda no se trata de las personas mejor capacitadas para ello y eso resulta de la mayor gravedad.