Quieren tronar a transportistas para quedarse con sus rutas
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SEGUNDA PARTE
En la periferia de Monterrey aumentan cada día las casas de interés social abandonadas por sus propietarios, que tienen qué mudarse con familiares que viven en colonias cercanas a sus fuentes de trabajo para llegar a tiempo, no faltar e incluso no ser despedidos por cualquiera de esos factores.
Datos que obtuve del INEGI revelan que de enero del 2016 a octubre del 2019, más de 4,500 casas han sido abandonadas por sus moradores para moverse desde las partes más alejadas de la zona metropolitana hacia los alrededores de los principales centros de trabajo.
Les patico la segunda parte de mi artículo de ayer. Si el Bronco hubiera respetado la decisión del Consejo de Transporte en el 2017, de aumentar en un peso las tarifas más un desliz mensual de 10 centavos durante el resto de la administración estatal actual, los millones de usuarios no estarían batallando ahora con éste servicio.
Jaime Rodríguez ninguneó a los integrantes de ese Consejo y por sus pistolas bloqueó el aumento, que según estudios realizados por ese mismo organismo, podría haber sido absorbido gradualmente por lo usuarios, pues se ligó a los índices de inflación, carestía y evolución de los sueldos.
Además, el Bronco incumplió la promesa que les hizo a los transportistas de aumentar tarifas, lo que les permitiría refaccionar sus programas de mantenimiento y renovación de la flota.
No quiso que esa medida “antipopular” le estropeara su campaña presidencial, que de todos modos terminó siendo un fiasco.
La otra razón es porque desde ese momento empezó a fraguar la idea de quedarse él -a través de prestanombres- con el negocio del transporte urbano y para eso le dio todo el poder a Manuel Vital Couturier, desplazando a Manuel González como negociador y a Jorge Longoria como Director.
Un sondeo que mi equipo realizó durante lo últimos 15 días en los municipios de Escobedo, Guadalupe, Apodaca, Juárez, Cadereyta y García, reveló que el 73% de los encuestados están de acuerdo en que se aplique un aumento razonable y gradual a las tarifas -como el de un peso y el desliz mensual de 10 centavos autorizado por el Consejo del Transporte hace dos años- con tal de que haya camiones suficientes que pasen a tiempo, no se descompongan y los dejen cerca de sus casas y lugares de trabajo.
El mismo INEGI determina en un estudio que cruzó con estadísticas mundiales, que para que haya una movilidad óptima en cualquier ciudad del tamaño de las principales de México, los usuarios deben contar con una “parada” a menos de 500 metros de donde viven o trabajan.
En Monterrey, no se cumple ni cercanamente con ese indicador debido a que unidades piratas del transporte urbano -camiones y taxis- operan con la anuencia del presidente del Consejo de Transporte, de su jefe Vital Couturier -Secretario de Desarrollo Sustentable- y por supuesto del gobernador Jaime Rodríguez.
A los piratas se les permite invadir rutas y modificarlas a su antojo, lo cual ha desquiciado los tiempos y movimientos de los trabajadores y ha disparado los índices de ausentismo y faltismo en los centros de trabajo.
El gobierno tolera esto para presionar a los transportistas a que vendan sus empresas a “inversionistas” oportunistas que son señalados como prestanombres de esos funcionarios.
Las rutas de transporte urbano no ajustan tarifas desde hace cuatro años y el desliz de 5 centavos de Medina en sus últimos 2 años resultó insuficiente ante la inflación y el gasolinazo y la de los taxistas tiene 10 años sin moverse lo que provoca que cada quien cobre lo que se le antoje.
Esto provoca violaciones a los precios por parte de los prestadores de servicio y el deterioro de los vehículos por falta de mantenimiento.
Los transportistas más arriesgados han comprado nuevas unidades -creyéndole a las promesas del Bronco- y se topan con que sus flamantes camiones se desgracian llantas, suspensiones y carrocerías al circular por calles destrozadas, debido a que los municipios no hacen su parte.
Todo se conjuga para que los usuarios del área metropolitana de Monterrey padezcan el transporte urbano peor evaluado a nivel nacional, según el mismo INEGI.
Y en medio de todo esto, existe la intención del gobierno de demeritar la Ley del Transporte porque si se aplican cabalmente sus estatutos, difícilmente el Bronco podrá apropiarse de las rutas urbanas. Vital ha dicho que esta Ley, con 20 artículos es suficiente, pero existen más de 360 entre artículos e incisos que en su letra se oponen a sus intereses.
Mi fuente dentro del círculo cercano al gobernador me dijo ayer que no solo es perverso lo que pretenden el Bronco y Vital, sino además es ilegal -porque contraviene la Ley del Transporte- e inmoral, pues afecta a los usuarios más necesitados, los que viven en la periferia y están sufriendo una desintegración familiar por lo descrito anteriormente.
En 8 de los municipios periféricos se registran crecimientos de hasta un 500% anual en su población durante los últimos diez años, lo cual significa que toda esa gente padece las de Caín en materia de movilidad.
¿Qué trafique se está gestando con esto? El de los taxis y rutas urbanas piratas. Hay políticos que manejan esos negocios, como Ismael Flores Cantú, el líder de la CTM en NL, quien prefirió soltar el transporte urbano y quedarse con miles de taxis piratas.
El colmo es que el plan del Bronco incluye a piratas que operan como un grupo de choque dentro de Uber, que son tolerados para aumentar la competencia desleal contra los empresarios del transporte urbano, a pesar de que la directora de relaciones gubernamentales de dicha plataforma vino tres veces a pedirle al gobernador que frenara eso.
CAJÓN DE SASTRE
“Y en todo esto, ¿qué claxons toca el distinguido panista José Luis Salas Cacho como representante de Uber? Eso se los contaremos mañana, porque para variar, el espacio se acabó”, interviene la irreverente de mi Gaby, dejando picada a la audiencia.
PD Hoy a las 11:30am es la sesión ordinaria del Consejo del Transporte. Veremos qué sucede.
