Rajoy pide a Puigdemont que rectifique y le insta a dialogar en el Congreso y “dentro de la ley”

Madrid.- El segundo y último plazo para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelva a la legalidad se ha puesto en marcha. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a la carta de Puigdemont, en la que no aclara si el martes 10 de octubre declaró o no la independencia, tal y como reclamaba el requerimiento, y le ha advertido de que “será el único responsable de la aplicación de la Constitución”. No obstante, precisa, la aplicación el artículo 155 de la Constitución “no implica la suspensión del autogobierno sino la restauración de la legalidad en la autonomía”.

Rajoy ha solventado en menos de hora y media la respuesta de Puigdemont, quien se ha limitado a adjuntar diferentes documentos, como la Ley del Referéndum o el informe sobre las cargas policiales del 1 de octubre, y a recordar que dejó "en suspensión" la declaración de independencia para abrir un proceso, "de dos meses", para dialogar. Ahora, con el primer plazo cumplido y sin que el presidente de la Generalitat haya dado la respuesta clara que exigía el Gobierno, se abre el plazo hasta el jueves, a las diez de la mañana, en el que el presidente de la Generalitat aún tiene la oportunidad de responder que no tiene que “revocar la declaración de independencia de Cataluña porque no está declarada”, tal como le ha animado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para dar respuesta a la misiva de Puigdemont, una vez que Rajoy ya la he respondido por carta.

“Lamento que usted haya decidido no responder al requerimiento remitido el pasado 11 de octubre y, por tanto, no aclarar el extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña”. Este es el comienzo de la carta de Rajoy. “Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del citado requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere”.

Para Rajoy “prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña”. Esta apelación a los radicalismos también ha sido parte nuclear de la intervención de la vicepresidenta del Gobierno.

No habrá aplicación del artículo 155 de la Constitución si se vuelve “a la legalidad”, que es condición previa “para cualquier diálogo democrático”. Esa legalidad incluye la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña en vigor “que han resultado gravemente lesionados por las actuaciones” del Ejecutivo autónomo, se lee en la carta de Rajoy. Una vez más, se pide a Puigdemont que explique a los ciudadanos “qué ha pasado y si su voluntad es cumplir las leyes vigentes”.

No resultan creíbles para Rajoy las llamadas al diálogo cuando el jefe de Gobierno de Cataluña se niega “a hablar con una parte importante de la sociedad catalana a través de sus legítimos representantes” que aunque son menos en escaños que la mayoría parlamentaria que sustenta a Puigdemont “representa a un mayor número de ciudadanos en votos”. El Gobierno de España también ofrece diálogo pero en el Congreso. “Le invito de nuevo a comparecer ante el Parlamento y trasladar sus demandas a los legítimos representantes de la soberanía nacional”, le insta Rajoy.

Debate en la comisión de autonomías

Aunque se abre un compás de espera hasta este jueves, las posibilidades de que Puigdemont cambie de posición y responda si ha declarado la independencia de Cataluña son nulas. Hasta entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy, continuará con el plan de activar el artículo 155 en el que el Senado desempeña un papel muy relevante ya que debe ser informado de las medidas concretas que quiere articular el Gobierno.

Desde la Cámara alta se requerirá al Gobierno catalán para cuantas precisiones estime, incluida dar la oportunidad a Puigdemont a que comparezca ante la Comisión General de Autonomías que es el ámbito donde se discutirá la aplicación del ese artículo constitucional.