Además de identificar y ubicar a cada alumno que ha abandonado la escuela, resulta indispensable asegurarse de que retomarán sus estudios, que no los abandonarán nuevamente y tendrán la posibilidad material de concluirlos

La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) ha anunciado el inicio de un plan de “rastreo” de los 12 mil estudiantes que, de acuerdo con sus registros, han desertado hasta hora de las escuelas del nivel básico y superior de la entidad debido, esencialmente, a las dificultades económicas que enfrentan sus familias.

Jorge Salcido Portillo, subsecretario de Educación Básica en Coahuila, ha dicho que la dependencia empleará “estrategias de rastreo” en los domicilios de los alumnos, así como a través de sus familiares y de las redes sociales, con el propósito de instar a los alumnos a retomar su plan de estudios.

Adicionalmente, se informó, las autoridades educativas de Coahuila trabajan en el diseño de una estrategia que resulte adecuada a las necesidades de estos alumnos con el propósito de que atiendan las clases que no pueden llevar en línea.

En el logro de este propósito estarían participando, además del personal de la SEDU, el cuerpo académico de la Escuela de Trabajo Social de la UAdeC, la Dirección de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado y la Coordinación Estatal del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se trata, sin duda, de una primera respuesta adecuada al preocupante fenómeno de la deserción escolar que, como se ha informado, podría sumar decenas de miles de niños, adolescentes y jóvenes más en los próximos meses, de acuerdo con las propias proyecciones de la SEDU.

Conviene preguntarse, sin embargo, si esta primera respuesta es lo único que puede y debe hacerse, porque además de identificar y ubicar a cada alumno que ha abandonado la escuela, resulta indispensable asegurarse de que retomarán sus estudios, que no los abandonarán nuevamente y que tendrán la posibilidad material de concluirlos.

Y si, como se ha dicho ya, la razón fundamental del abandono registrado hasta ahora es la situación de precariedad económica de sus familias, no basta con ofrecerles a los desertores escolares un “plan adecuado” para que puedan atender las clases que no pueden tomar en línea.

En otras palabras, lo que la situación demanda no es un plan paliativo de las consecuencias más evidentes provocadas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, sino que deben diagnosticarse y atenderse las causas profundas del fenómeno.

El objetivo no puede ser otro que garantizar de forma plena el derecho a la educación y evitar que a los estragos sanitarios y económicos provocados por la pandemia se sume la profundización de las desigualdades sociales largamente padecidas por nuestra sociedad.

Debe saludarse el anuncio de esta primera decisión, pero debe decirse también que se trata de un primer paso que no atiende de manera integral el problema, que éste es grave y que demanda el diseño e implementación de una estrategia de carácter integral que debe ponerse en marcha de forma urgente.