Rebote de Culpas
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Supongamos que tú me prestas tu automóvil y yo, después de utilizarlo por un tiempo, te lo devuelvo con descomposturas. Quizá al inicio las ignores, pero poco a poco te vas dando cuenta que mis descuidos y negligencias comprometen el funcionamiento del vehículo, al punto que puede quedar inservible. ¿Qué harías? Lo más seguro es que, con toda razón, me exijas cuentas y me reclames por haber abusado de tu confianza y no haber asumido las consecuencias. ¿Pero qué tal si, lejos de aceptar mi responsabilidad, yo decidiera confrontarte y te acusara también a ti de irresponsable? ¿Qué tal si te reprochara que si el carro te dejó a mitad de calle es porque ya venía mal desde que me lo prestaste, pues no le hiciste las reparaciones ni le diste el mantenimiento que bien sabías que necesitaba? Seguramente nos enfrascaríamos en un estéril rebote de culpas mientras el vehículo se queda ahí acumulando herrumbre.
Una situación así, en no pocas ocasiones podría metaforizar la lógica política. No importan los desastres que el “Partido A” haya provocado mientras gobernó, porque sus miembros, cuando sean oposición, se los reclamarán al “Partido B” y de ahí brotarán, para ambos, los argumentos de la próxima elección: “vean el caos en el que tienen todo”, dirán los unos; “es la suciedad que nos dejaron”, responderán los otros, en un ciclo que también se alimenta de la desmemoria, la desinformación y la pasividad ciudadana.
En Torreón, el panista Jorge Zermeño Infante arrancó su administración (la atípica de 1 año), con un Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) incapaz de ofrecer respuesta a problemas urgentes: colonias enteras con las redes de drenaje colapsadas, brotes de aguas negras y constantes fugas de agua. Una justificación ante esas deficiencias (que siguen siendo cotidianas) era que la administración anterior, iniciada por el hoy gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y terminada por Jorge Luis Morán, dejó disponible un solo camión para desazolve, además de que en ese gobierno y en el anterior del también priista Eduardo Olmos, se habían ensanchado las crisis operativas y administrativas del organismo operador de agua, agravadas por las presiones que comenzó a ejercer la CFE, al punto en que se volvió complicado cubrir las tarifas de electricidad (un problema al que se han enfrentado diversos municipios del país).
En los últimos días, el SIMAS Torreón sufrió una serie de cortes en el suministro eléctrico debido a sus añejos adeudos con CFE: a tres de sus principales oficinas y a dos bombas, provocando que 13 colonias se quedaran sin agua. SIMAS le debía a CFE el consumo de noviembre a febrero, además del pasivo que heredaron las pasadas administraciones, que era de 50 millones de pesos (de los que se ha cubierto la mitad). El servicio se restableció después de que el ayuntamiento abonara en total 28 millones de pesos a la empresa eléctrica, pero el amago que hizo el alcalde Jorge Zermeño de “colgarse” de la luz y de cobrarle a la CFE impuesto predial y derechos de vía por oficinas, subestaciones, postes y cableado, seguramente no quedará en anécdota, pues es una muestra más del encono que se ha intensificado entre CFE y los organismos operadores de agua.
A finales de enero, la CFE cortó el agua a dos pozos de absorción en la vecina ciudad de Gómez Palacio, dejando sin agua a 40 mil ciudadanos, pues el ayuntamiento debía 19 millones de pesos por servicio eléctrico del último trimestre de 2018; en respuesta, el Sistema Descentralizado de Agua Potable (SIDEAPA) envió una cuadrilla a cortar el agua en oficinas de CFE, que debían 1.1 millones de pesos por suministro del líquido.
Pero tales confrontaciones ya se preveían. En el caso de Gómez Palacio, el municipio, por considerar desproporcionados los aumentos tarifarios de CFE, hacía los depósitos en un juzgado basándose en la tarifa de enero 2018, que era de 1.48 pesos el kilowatt/hora, sin importar que después la CFE la aumentó a 2.70. En Torreón, ya desde 2017 se advertía que las tarifas de CFE eran impagables; en todo ese año se pagaron 205 millones de pesos sólo por energía eléctrica, pero en 2018 la situación se desbordó: en enero se pagaron 14.4 millones de pesos, pero la cantidad fue subiendo a tal grado que para septiembre ya era casi el doble: 27 millones de pesos. Ante los reclamos de los gobiernos municipales, la CFE argumentaba que las cantidades las establece la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía.
En medio de toda esa crisis, la fracción priista en el cabildo de Torreón exigió a las actuales autoridades panistas que dejen de culpar a las pasadas administraciones tricolores de lo mal que está SIMAS y que más bien se dediquen a mirar hacia el futuro. Los priistas pidieron además la destitución del gerente del organismo, Juan José Gómez, a quien califican de ineficaz, pero pasan por alto que los antecesores no fueron para nada un ejemplo de pulcritud ni eficiencia administrativa. Los priistas criticaron la compra sin licitación de dos camiones de desazolve por 18 millones de pesos en una ciudad con innumerables colapsos en las redes de drenaje, pero pasan por alto que entregaron un organismo más que mermado en equipamiento. En tanto, el carro está ahí acumulando herrumbre, porque el conflicto va a continuar.
Mientras el ayuntamiento ha promovido amparos contra las tarifas de CFE y busca generar un proyecto de autoabastecimiento energético que costaría unos 300 millones de pesos, la empresa eléctrica (que también está muy mal parada ante la ciudadanía por su ineficacia a la hora de resolver problemas) enfrenta sus propias adversidades: y es que la Canacintra advirtió que en 3 años, si no se multiplican por ocho las inversiones en materia de generación y distribución, el país corre el riesgo de sufrir una escasez de energía, pues para 2022 la demanda del servicio se incrementaría 13 por ciento. ¿Será esa urgencia uno de los motivos para fijar tarifas desproporcionadas sin mayores explicaciones?
Por lo pronto, mientras en cada esquina del ring están organismos que por diferentes circunstancias no están a la altura de las necesidades ciudadanas, al final son justamente los ciudadanos los que quedan en la lona.