A escasas dos semanas de asumir la Presidencia de la República, la apabullante actividad de Andrés Manuel López Obrador y Morena, su brazo político, parece correr sin frenos como para que, en su discurso inaugural, ofrezca un informe de sus promesas de campaña cumplidas.

Sin embargo, en los últimos días todavía ha estado flotando en el ambiente la inquietud del sector financiero frente a la intentona de Morena de eliminar o reducir las comisiones bancarias, que en algunas instituciones extranjeras es casi del doble de las que ellas mismas cobran en sus países de origen.

Para paliar el nerviosismo que genera en los mercados de dinero decisiones de ese calibre, López Obrador sorprendió a propios y extraños con la integración de un consejo asesor de ocho hombres

–algunos de los más ricos del País– para ayudar al próximo Presidente México a encaminar a la nación en la ruta del crecimiento económico.

Con otro frente abierto, el de la seguridad pública, asunto toral para los mexicanos, AMLO estuvo conteniendo los últimos meses los nombres de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina Armada. Cuando por fin desvelo quiénes serían los responsables de esas carteras en el gabinete presidencial, el Presidente Electo dio el siguiente paso e hizo público su Plan de Paz y Seguridad, cuyo combate se sostiene en buena medida en la participación activa, tanto o más que en los últimos dos sexenios, de elementos de las Fuerzas Armadas.

El futuro jefe del Ejecutivo anunció como novedad la creación de la Guardia Nacional, una fuerza militar que absorbería a la Policía Federal y que dependería orgánicamente de la Sedena, lo que en otros términos significa que un cuerpo castrense encabezaría “la prevención del delito y la preservación de la seguridad pública”.

Pero la Suprema Corte de Justicia determinó que el andamiaje legal que hereda Enrique Peña Nieto en esa materia, es inconstitucional porque extiende la participación de soldados e infantes de Marina en labores policiacas y eso volvía permanente la presencia del Ejército en las calles, y es ambigua en el uso de la fuerza.

Así las cosas, la administración de López Obrador deberá sortear este nuevo obstáculo para arrancar el 1 de diciembre su administración con su estrategia de seguridad definida. A ver.