Redadas migratorias tendrán secuelas a un largo plazo en EU

Las consecuencias de la mayor redada migratoria en Estados Unidos en al menos una década probablemente duren años en seis pequeños pueblos de Mississippi que albergan plantas avícolas.

El propietario de una tienda que da servicio a trabajadores hispanos de las plantas teme tener que cerrar. Un superintendente escolar intenta recuperar la confianza de la comunidad hispanohablante. Y la directora general de un banco local dice que los efectos probablemente afecten a todos los comercios en su pueblo.

Más de 100 defensores de los derechos civiles, organizadores sindicales y miembros del clero de Mississippi criticaron la redada, pero el gobernador del estado Phil Bryant elogió a las autoridades migratorias federales por los arrestos y tuiteó que cualquier persona que esté en el país de manera ilegal tiene que “asumir la responsabilidad de esa violación” a las leyes federales.

Funcionarios informaron que, en un inicio, 680 personas fueron detenidas durante el operativo del miércoles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) liberó a más de 300 de ellos para la madrugada del jueves, con notificaciones para comparecer ante los jueces de migración, indicó el vocero del ICE, Bryan Cox.

Juan García y su esposa son propietarios de Hondumex, una tienda de alimentos y restaurante que atiende a hispanos en el centro de Morton, un pequeño pueblo de unos 3,000 habitantes a unos 65 kilómetros (40 millas) al oriente de Jackson, la capital. Las ventas han estado fatales desde la redada, dijo García el jueves, rodeado de bananos, panes y carne trozada. García dijo que incluso los liberados pasarán problemas antes de ir a la corte.

“Todos los trabajadores, las personas que fueron llevadas, no podrán gastar dinero”, dijo García. “No podrán trabajar en la planta”.

García dijo que muchos empleados en dos de las plantas donde hubo redadas, Koch Foods y PH Foods, compraron casas y se pregunta si podrán mantenerse al día con el pago de sus hipotecas. García dijo que él y su esposa también compraron un restaurante en el cercano Filadelfia, Mississippi, y que probablemente cierre la tienda en Morton.

“Pensaba en cerrar mi propio negocio”, dijo García. “No creo que seamos capaces de quedarnos aquí”.

Martha Rogers, presidenta y directora general del Bank of Morton, también expresó preocupación por la economía local. Rogers dijo que muchos resientes hispanohablantes son clientes del banco.

“Todos los negocios en el pueblo se verán afectados”, dijo Rogers, cuya familia ha tenido una participación mayor en el pequeño banco desde la década de 1950.

El superintendente del condado Scott, Tony McGee, dijo que más de 150 estudiantes faltaron a clases el jueves en el distrito escolar de 4,100 alumnos en Morton, donde aproximadamente 30% son latinos.

Los padres dicen que tienen miedo de que sus hijos regresen a clases, dijo McGee. Las autoridades escolares tratan de persuadir a los padres para que dejen que sus hijos regresen a clases a través de llamadas telefónicas y visitas a sus casas.

“Simplemente intentamos asegurarles que, si esos niños van a la escuela, haremos lo posible para que regresen con ustedes”, dijo McGee. “Queremos a esos niños en la escuela”.

McGee dijo que algunos profesores que llevan tiempo trabajando en las instituciones le comentaron que el miércoles “fue, por mucho, el peor día que han pasado como educadores”.

El ICE no tenía mucho espacio para mantener detenidos a los trabajadores, incluso durante la noche, porque el número de personas bajo custodia ronda el nivel máximo en la historia. La agencia ha albergado a miles más de su capacidad presupuestada de 45,274 personas, en gran parte por un aumento sin precedentes de familias centroamericanas que están llegando a la frontera con México.

Entre los que fueron liberados había 18 menores de edad, el más joven era de 14 años, señaló Jere Miles, agente especial que está a cargo de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE en Nueva Orleans. Los trabajadores fueron evaluados antes de ser liberados, considerando incluso si tenían hijos pequeños en casa.

Las compañías registradas podrían ser acusadas de contratar a empleados sabiendo que estaban sin autorización en el país y serán investigadas por fraude salarial, fiscal y documental, dijo Matthew Albence, director interino de ICE.

Koch Foods, uno de los productores avícolas más grandes del país basado en el suburbio de Chicago Park Ridge, dijo en un comunicado el jueves que cumple con los estrictos procedimientos para garantizar que los empleados de tiempo completo cumplan los requisitos para trabajar en el país.

Gabriela Rosales, residente desde hace seis años de Morton que conoce a algunos de los detenidos, dijo que comprendía que había un “proceso y una ley” para quienes viven en el país sin autorización. “Pero lo que hicieron es devastador”, agregó. “Fue devastador ver a todos esos niños llorando, que vieron a sus padres por última vez”.

El padre Mike O’Brien, sacerdote de la iglesia católica Sagrado Corazón de Jesús en Canton, dijo que esperó afuera de la planta de Peco Foods hasta las 4 de la madrugada del jueves a los trabajadores que regresaban en autobús. O’Brien dijo que visitó a varios feligreses cuyos parientes fueron arrestados. Dijo que también llevó a casa a otra persona que se escondió de las autoridades al interior de la planta.

“Todas las personas tienen miedo”, dijo. “Sus puertas estaban cerradas con llave y no abrían a nadie”.

Los niños cuyos padres fueron detenidos son atendidos por otros familiares y amigos, dijo O’Brien.

“De esa forma se defienden y se cuidan entre ellos”, agregó