La propuesta de un nuevo modelo educativo presentada por el secretario de Educación Pública en días pasados, representa la evidencia nítida del fracaso y limitaciones de la llamada reforma educativa.

Después de tres años de obsesión gubernamental por imponer una reforma que partió del supuesto de que la calidad de la educación sólo se podía construir mediante la sumisión y la precariedad laboral del magisterio, la realidad se impuso.

Aunque se pretenda negar, la nueva propuesta representa una rectificación al carácter punitivo de la evaluación docente, al reconocer que se deberá reformular la capacitación de docentes y directivos, “quienes deben ser formados antes de su implementación”, en un modelo “flexible y gradual” compatible con los retos de una sociedad plural, democrática e incluyente, en la que —por fin— se reconoce la diversidad regional y el desarrollo desigual del país; al conceder autonomía curricular a las escuelas, hasta en un 20 por ciento del tiempo en aulas, para incorporar actividades de desarrollo social, culturales o artísticas, que correspondan a la realidad regional o a la comunidad, lo que revierte la pretensión de imponer una evaluación estandarizada, que como lo demostraron las escasas evaluaciones aplicadas hasta ahora, lejos de favorecer la profesionalización docente, condujo a la precarización del trabajo y al estallido de un creciente conflicto social.

Suena bien que la propuesta curricular del nuevo modelo educativo incorpore actividades que buscan promover el desarrollo personal y social de los alumnos, el desarrollo del lenguaje, el pensamiento crítico y la incorporación de valores para la convivencia, la inclusión y la equidad, asumiendo que lo importante no es memorizar información sino comprenderla, desarrollando la capacidad para aplicar el conocimiento adquirido de manera creativa.

Sin embargo, estos objetivos aparecen distantes de los profundos problemas primarios que imperan en el sistema educativo nacional: la falta de cobertura universal; la precariedad, insuficiencia y deterioro de la infraestructura educativa existente; la falta de materiales didácticos; la pobreza y la desnutrición que enfrentan millones de niños impedidos para desarrollar plenamente sus capacidades físicas e intelectuales.

Por ejemplo: en el estudio ¿Cómo vamos Ciudad de México? publicado recientemente por EL UNIVERSAl, se da cuenta de cómo en la Zona Metropolitana del Valle de México, una de las regiones más desarrolladas del país, al 22 por ciento de los niños les resulta muy difícil inscribirse en las primarias y secundarias de la ciudad. Lo mismo sucede con el 69 por ciento de los aspirantes a preparatoria y universidad. A lo que se suma el número de aspirantes rechazados: en primaria tres por ciento; en secundaria 23 por ciento; en preparatoria, el 57 por ciento, y en universidad, el 17 por ciento.

La deserción escolar, resultado de la precaria condición económica de las familias, es uno de los indicadores más relevantes de la magnitud del fracaso. De cada 100 estudiantes, 12 abandonan sus estudios en primaria; 32 en la secundaria; 51 en la preparatoria y cinco en la universidad. Es decir, de cada 100 niños que logran ingresar a preescolar, sólo 27 alcanzan la educación superior. Ello, subrayo, en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se registra uno de los promedios más altos de escolaridad a nivel nacional, y donde se concentra el mayor número de centros educativos y de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.

No puede entenderse la implementación de un nuevo modelo educativo si no se superan estas barreras, resultado de años de abandono, corrupción y desvío de recursos públicos, tiempo en el que se privilegió el fortalecimiento del cacicazgo oficial para mantener el control corporativo de los maestros, lejos de cumplir con la responsabilidad del Estado para garantizar una educación pública gratuita, laica y de calidad.

Se requiere una solución de fondo. Un primer paso es resolver el conflicto existente, revirtiendo la tentación de una salida autoritaria al mismo, suspender el sistema de evaluación punitivo y sus consecuencias políticas y laborales, y garantizar el derecho al acceso universal de niñas, niños y jóvenes en todos los niveles educativos, generando instrumentos que permitan el desarrollo equitativo de los educandos para incrementar la eficiencia terminal.