Reforma fiscal y menos neoliberalismo

Con reducción de costos laborales por innovación tecnológica, el libre mercado genera desigualdades sociales; pero también la innovación impacta en el capital invertido con desplazamiento de elementos de producción y distribución: reducción de costos y gastos para precios competitivos. Asimismo, el mercado genera distorsiones respecto a competencia desleal, concentración de la riqueza y hasta con la debilidad del mercado interno que contiene el crecimiento económico.

Con Estado de Derecho, de ahí la necesidad de orientación estatal de la economía, como un elemento externo para corregir la desigualdad y dichas distorsiones, ahí donde el mercado las genera; pero, sobre todo, el Estado no debe abandonar su responsabilidad social con un horizonte que va más allá de las ganancias de capital y la sola optimización económica, sino la búsqueda del bienestar integral del individuo, de la comunidad y de la sociedad, es decir, el desarrollo económico.

La obligación del pago de impuestos es parte de lo anterior. Los impuestos deben cumplir la “progresividad” proporcional en cuanto a la función creciente o decreciente de la base impuesta, se debe aportar al fisco de acuerdo a los ingresos obtenidos de la actividad económica, sea con empleo propio o en una relación laboral; asimismo, no deben diseñarse impuestos diferentes que apliquen por una misma operación económica, o doble tributación. Los principales impuestos federales –entre otros- son el impuesto al consumo, o Impuesto al Valor Agregado (16%), y el impuesto a ganancias netas obtenidas, o Impuesto Sobre la Renta (30% y 35% máximo a ingresos personales).

Se entiende que para incentivar determinadas actividades en regiones económicas, el Estado, a través de los órganos de decisión jurídica, puede variar el porcentaje del impuesto sobre alguna base activa, para generar inversión directa, empleos formales, ingreso agregado para impulsar demanda agregada, esto genera crecimiento económico.

Aparte de no incrementar la deuda pública, con argumentos de austeridad y reajuste del gasto, reducción de la corrupción y eliminar condonaciones fiscales, el actual gobierno federal tiene una política fiscal de corte neoliberal: déficit cero en el ingreso-gasto, que implica férrea disciplina en aplicación de recursos, pero esto afecta directamente la parte correspondiente al Estado para impulsar la economía; no incrementar los impuestos implica no diseñar una reforma fiscal efectiva, sin embargo, si la inversión privada de capital es reducida –como ha sido-, el monto de la captación impositiva también se reduce, sin obtener los montos proyectados, como en 2019, cuya meta fue menor en alrededor de 5.5%.

El gasto público efectivo –sobre todo en infraestructura productiva- es parte de la dinámica económica y estratégicamente puede crecer por encima de los ingresos –déficit-, siempre y cuando su impacto inflacionario no distorsione las variables macroeconómicas. Por otra parte, sin inhibir la inversión, los impuestos a las ganancias también se pueden incrementar con un análisis de la rentabilidad generalizada del capital o en determinadas actividades.

Una reforma fiscal debe implicar progresividad de impuestos y no su duplicidad, pero también evitar que las leyes fiscales, con elementos jurídicamente válidos, se puedan interpretar para mermar el pago proporcional; una reforma de este tipo no debe obstaculizar la economía, sino incentivarla.

En 2017, la captación tributaria de los 36 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en promedio fue 34.5% de su producto interno bruto (PIB), el mismo año los países de América Latina y el Caribe captaron 33.8% en promedio, mientras que México sólo 16.2% del PIB, aun cuando las bases proporcionales impositivas no son de las más reducidas del mundo. Por tanto, en materia fiscal algo no funciona bien.

No bastan austeridad, evitar condonaciones, reducción de corrupción y no incrementar deuda. Es necesaria una reforma fiscal efectiva y eficiente que eleve los ingresos federales en por lo menos 20% del PIB, para verificar actividades con efecto impositivo, que sea progresiva y evite la elusión fiscal, que promueva productividad, crecimiento, igualdad y justicia social.