El Poder Judicial de la Federación (PJF) en el último año ha implementado políticas para combatir la corrupción y el nepotismo. Sin embargo, se requieren cambios sustanciales en su marco jurídico para dotarlo de las herramientas adecuadas y suficientes que le permitan transformarlo verdaderamente en una institución virtuosa, como se ha pretendido desde sus orígenes. Respondiendo a esa necesidad, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal presentó en días pasados ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo, un proyecto de reforma Constitucional y legal al PJF, que ataca el fondo del problema.

Los integrantes del PJF son personas honestas y muy capaces, pero unos cuantos malos servidores públicos han dañado su imagen y demeritado la confianza de la sociedad, por lo que el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. La histórica reforma que se plantea reconoce, atiende y combate los diversos lastres que aquejan al PJF: corrupción, amiguismo, nepotismo, tráfico de influencias, burocracia, falta de profesionalismo y acoso sexual, por mencionar algunos. Adicionalmente un punto fundamental es el enfoque que pone sobre las consecuencias tangibles de estos problemas, siendo la principal y más importante, la desigualdad social y falta de acceso a la justicia.

El proyecto de reforma también pretende cambios sustantivos en la función judicial; fortalece la defensoría pública, profesionaliza la carrera judicial, aplica la regla de paridad de género y endurece los esquemas de selección de jueces y magistrados, crea una verdadera escuela de formación judicial, encausa a la SCJN como Tribunal Constitucional, y propone un "sistema de precedentes obligatorios", en que baste que una mayoría calificada de ministros apruebe las razones que justifiquen todas sus sentencias, para que sean obligatorias, sin necesidad de reiteración.

El nuevo perfil de juzgador que se propone será muy positivo para la administración de justicia, pero estimo que no resolverá el problema de fallos cuestionables a favor de peligrosos delincuentes, se requiere formar jueces con una especialización en delincuencia organizada.

Mientras no exista, se continuarán presentando fuertes deficiencias, además de tornar infructuosa la labor garantista que realizan los juzgadores del sistema penal acusatorio, quienes, cuando juzgan la comisión de los delitos de mafia, más allá de formalismos procesales, deben velar por los derechos sustantivos, no solo de los acusados e indiciados, sino también de víctimas, ofendidos y de la sociedad en general. Así, consideramos de gran utilidad recordar el concepto de la multivía penal en el derecho italiano, que se ha traducido en la concesión de más atribuciones a los juzgadores en el proceso contra la delincuencia organizada.

Deben brindarse las garantías de autonomía e independencia técnica a todas las instituciones que participan en el combate al crimen organizado, acompañada de un sistema de responsabilidades administrativas, además de un verdadero sistema de carrera civil en favor de los servidores públicos, que les permita servir entregadamente a su causa. Todo lo anterior, podría ser incluido en la reforma judicial, para fortalecer aún más las facultades de los juzgadores y así asegurar que las víctimas afectadas por el crimen organizado puedan acceder a la justicia que por tanto tiempo les ha sido denegada.

Consideramos que el proyecto de reforma judicial es el resultado de la política de cero tolerancia contra la corrupción que ha emprendido desde un principio el gobierno federal y que permea en todos los poderes e instituciones del Estado mexicano. Seguiremos atentamente la evolución del proyecto de reforma, esperando que su tránsito por el proceso legislativo en las Cámaras de Diputados y Senadores y las legislaturas de los Estados refleje el propósito primordial que persigue: contar con un PJF que incida de manera positiva y real en la vida de las personas bajo su jurisdicción.

Daniel Cabeza de Vaca