En México hemos sido testigos durante las últimas décadas de un proceso de democratización materializado en una serie de reformas constitucionales y legales en materia político electoral. Paulatinamente se ha ido robusteciendo nuestro sistema político electoral para la preparación, organización y vigilancia de las elecciones a través de órganos ciudadanizados. Del mismo modo, se han creado tribunales especializados en la resolución de controversias que derivan de los procesos electorales. Tanto las autoridades electorales administrativas como las jurisdiccionales se han instituido como único camino para salvaguardar pacíficamente la renovación de los cargos de representación popular.

En los últimos treinta años se han logrado gradualmente avances que han permitido consolidar nuestro sistema democrático y de participación ciudadana. Por ejemplo, hoy el acceso a los cargos públicos de elección popular no sólo es a través de los partidos políticos, sino también mediante la figura de las candidaturas independientes. Por otra parte, los órganos electorales se ciudadanizaron. Así, actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene como principal función organizar las elecciones federales y, en conjunto con los organismos públicos locales (OPLES) la organización de las elecciones estatales. Asimismo, el régimen electoral cuenta con un escrupuloso modelo de fiscalización de recursos: se ha regulado el acceso a radio y televisión tanto para autoridades, como para partidos políticos y candidaturas independientes; se han tipificado como delitos conductas que infraccionan la normatividad electoral, y se creó una fiscalía especializada responsable de su investigación. Por su parte, las inconformidades derivadas de los procesos electorales están a cargo de tribunales especializados, integrados por ciudadanos y designados por el Senado.

En este contexto, surge en el debate público la discusión de una iniciativa de reforma de diversas disposiciones de la Constitución Mexicana en materia de “austeridad republicana y electoral”, cuyo objetivo principal de acuerdo con sus promotores es que el gasto público sea lo más austero posible. Para impulsar dicha reforma se han realizado foros en los que han participado autoridades electorales, partidos políticos, especialistas y académicos que han discutido temas tales como las reglas para hacer efectiva la paridad, la competencia de los órganos del estado, el sistema de fiscalización, la austeridad de los gastos como principio constitucional, entre otros. 

Sin restar importancia a los tópicos mencionados, llama la atención el debate en torno al principio de austeridad. Ello porque desde la óptica de la autoridad se permite repensar las funciones y atribuciones de los OPLES, se ha propuesto un nuevo procedimiento para designar a sus integrantes, e incluso se insiste en la añeja idea de la reforma electoral de 2007 de su desaparición; todo con el firme propósito de ahorrar y reducir los costos electorales.

Aunque las razones que motivaron esta iniciativa son compartidas como una exigencia social, la estrategia para alcanzar el ahorro de los recursos públicos no es necesariamente el camino adecuado para llegar a la deseada austeridad. La desaparición de los organismos públicos locales no es la solución, pues con independencia de la bolsa de donde se obtengan los recursos para realizar las elecciones –federal o estatal–, se tiene que seguir cubriendo el costo de los procesos, máxime si se trata de un modelo electoral exitoso y reconocido como referente a nivel internacional.

Si bien no es cuestionable que la austeridad en el gasto público es una necesidad que exige la sociedad y también un deseo compartido por todos, habría que reflexionar más bien si el pretendido ahorro es suficiente para asumir el costo de la centralización de los procesos electorales y la afectación al sistema federal que ello acarrearía la desaparición de los OPLES.

Así, si el objeto de la iniciativa es reducir los recursos públicos de la función electoral, antes de alterar el aparato institucional administrativo electoral se deben explorar otras áreas de oportunidad. Por ejemplo, se podría pensar en ajustes a los sueldos y salarios, recorte de personal, modificaciones a las fórmulas legales que cuantifican el financiamiento público y privado de los partidos políticos, la racionalización del gasto de las partidas presupuestales, etcétera. Por tanto, aunque podemos celebrar la intención de la iniciativa para economizar en materia electoral, la política de ahorro en el gasto público, no obstante, debe considerar la funcionalidad y operatividad que brindan los OPLES, de tal suerte que no se afecte el modelo federal electoral vigente.

Las implicaciones de una reforma pueden representar avances o retrocesos, pero no debe perderse de vista el objetivo de la modificación legal: ¿qué es lo que se quiere conseguir? Si lo que se pretende es contar con procedimientos e instituciones electorales menos onerosos, se podrían buscar alternativas que las sigan haciendo efectivas y confiables, que al mismo tiempo garanticen el derecho humano a la participación ciudadana en los procesos electorales y con ello fortalecer el sistema electoral nacional.

La autora es investigadora del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia IDH.

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH.