María Novoa, investigadora de México Evalúa.
Advierten ONG´s que cambios en materia de leyes sobre seguridad pública constituyen una ‘contrarreforma’

A lo largo del año y medio durante el que la Legislatura federal aprobó una serie de modificaciones a la ley en nombre de la “4T”, nuevas reformas al Sistema de Justicia Penal se han asomado para generar otra vez diferencias entre la sociedad civil y el nuevo gobierno.

El pasado 15 de enero Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, y Julio Scherer, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, presentaron al Senado una serie de iniciativas a los diversos artículos constitucionales que desde el 2008 empezaron a revisarse para, eventualmente, conformar el “Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, que tuvo su última etapa de implementación en 2016.

Con ello, si en los últimos meses el diálogo entre las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y las que analizan la seguridad del País, ya se había venido fragmentando con el nuevo gobierno y las autoridades autónomas que lo rodean; después de las iniciativas los cuestionamientos se volvieron más fuertes.

María Novoa, investigadora de la organización México Evalúa -uno de los organismos más activos en el tema de la procuración de justicia y seguridad-, dice que, con todas sus letras, este conjunto de propuestas debería denominarse “proceso de contrarreforma”.

“Estas son unas reformas que van a ir en retroceso completamente. Nos estamos yendo a un sistema inquisitivo o en peores condiciones al anterior. Todas las propuestas en su alcance tienen vicios importantes de inconstitucionalidad”, expresa Novoa en su primer análisis.

Estas son unas reformas que van a ir en retroceso completamente. Nos estamos yendo a un sistema inquisitivo o en peores condiciones al anterior. Todas las propuestas en su alcance tienen vicios importantes de inconstitucionalidad”.
María Novoa, investigadora de México Evalúa.

El principio de llamarle “contrarreforma” se debe a que en la ley se establece que ninguno de los derechos adquiridos y reconocidos en el País pueden ir en retroceso; como a lo que se podría llegar si la propuesta logra modificar lo planeado para los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122 de la Constitución.

En una entrevista en televisión Olga Sánchez Cordero –exministra de la Suprema Corte y ahora Secretaria de Gobernación–, dijo que el caso de Florence Cassez fue uno de los que otorgó la mayor jurisprudencia sobre lo que no debía hacerse en un proceso judicial en el nuevo milenio: implantar pruebas, realizar montajes, ni perder de vista la presunción de inocencia.

Sin embargo, María Novoa dice que en el paquete de iniciativas sobre el Sistema, hoy es todo lo contrario. La investigadora señala que, incluso, uno de los cauces más preocupantes de la “contrarreforma”, es que se podría llegar a la culpabilidad de un acusado incluyendo pruebas ilícitas, hasta en casos de tortura.

En este panorama, por ejemplo, los análisis sobre casos de tortura que han realizado organizaciones como la OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) y el Centro ProDH de la Ciudad de México, cuestionan la efectividad de las investigaciones criminales en México y en otros países, pues el hecho de que se implemente un mecanismo como estos para obtener información sobre un caso, no habla de otra cosa más que de falta de pericia. “Falta de pericia”, que a su vez puede traducirse en impunidad si es que una persona que no cometió el delito termina aceptándolo debido a las condiciones de tortura y al dolor a las que fue sometido al momento de declarar o ser cuestionado.

“Ese es el tema. El sistema penal acusatorio ha elevado el estándar; en esto realmente necesitas capacidades y que los operadores de investigación criminal logren la evidencia y las pruebas porque partimos del principio de la presunción de inocencia. Que más bien en estas iniciativas, lo que hay es presunción de culpabilidad”, detalla Novoa.

“Ahora lo que se busca es una respuesta razonable hacia un hecho delictivo”, añade, “que se le dé una explicación a la sociedad sobre por qué sucedió y cómo sucedió. Además de que se den sanciones con los resultados”.

El sistema penal acusatorio ha elevado el estándar; en esto realmente necesitas capacidades y que los operadores de investigación criminal logren la evidencia y las pruebas porque partimos del principio de la presunción de inocencia”.
María Novoa, investigadora de México Evalúa.

Algunas de los más grandes errores que plantea la iniciativa, según México Evalúa, es lo que sucedería con el arraigo; figura que ahora se implementaría en todas las figuras delictivas.

“Doy como ejemplo el arraigo, que sólo está dirigido a delitos de delincuencia organizada, y fue en la época de (Felipe) Calderón donde más se utilizó el arraigo y donde se comprobó la inefectividad de ese mecanismo para procesos de investigación criminal”, indicó.

“Prácticamente aquí ya había hasta acuerdos en el Congreso de la federación donde se estaba planteando la eliminación del arraigo”, expresó. “Pero ahora en esta propuesta lo están fortaleciendo no solamente en delitos de delincuencia organizada, sino en todos. Esto es una aberración, una involución”.

En términos de aplicación efectiva de recursos, también habría un retroceso. O mejor dicho en palabras de los expertos: sería el gran desperdicio de la última década, pues todo el modelo de implementación y consolidación de lo que se conoce como “nuevo sistema de justicia penal”, tuvo la inyección de recursos en múltiples capacitaciones, equipamiento de sala de audiencia, incremento de personal.

En esta llamada “contrarreforma” se perderían, por ejemplo, las figuras de audiencia pública en procedimientos como jueces de control, donde se presentan pruebas sobre la legalidad de la detención de una persona presunta culpable de la comisión de un delito.

“Ahí no solamente van a perder la inversión, sino que van a requerir nueva inversión para desmantelar lo que se instaló a lo largo de estos años, y redireccionar de nuevo las capacidades de las instituciones para obedecer a los planteamientos. Puede derivar esto en un caos institucional”, analiza la experta.

Ahora lo que se busca es una respuesta razonable hacia un hecho delictivo, que se le dé una explicación a la sociedad sobre por qué sucedió y cómo sucedió. Además de que se den sanciones con los resultados”.
María Novoa, investigadora de México Evalúa.

“Los más afectados de esto serán las instituciones de las entidades federativas. Lo que estamos viendo es que por la inacción e inoperancia de la Fiscalía General de la República se está afectando a todas las instituciones de todas las localidades”, expresa.

Hasta hoy no se ha dado fechas sobre la presentación formal de la propuesta para integrarla a Comisiones y posteriormente a votación; sin embargo, la experta dice que hay que ir preparando una visión de mejora y continuidad a lo que ya se había venido avanzando con el sistema de justicia penal acusatorio.

Al menos, en su última declaración sobre el tema en “La Mañanera” del miércoles 29 de enero, el Presidente  Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habrá un revés, y dijo que no aceptará que una reforma penal “atente contra las libertades que hasta hoy día se han conseguido.

LO IDEAL

Sin embargo, el análisis de diversas organizaciones y de la propia María Novoa, señala que el hecho de que las iniciativas se aprueben, dejará en claro que hay consensos previos.

“Este trabajo fue completamente cerrado y opaco; sin ninguna participación ni de sociedad, ni de academia, ni de autoridades de otros estados”, manifestó.

Una de las opciones que ha trascendido es que dichas iniciativas tendrían un revés al ser discutidas ante las cámaras legislativas, y que por el contrario, lo que se presentará ante los plenos es la iniciativa del Código Penal Único que ya tiene dos años en el país como un planteamiento.

“Esto sí es una iniciativa que si se logra perfeccionar podría ayudar en el tema de competencia de lo local vs lo federal, y eso nos puede ayudar en el tema de impunidad”, expresó.

Sin embargo, la investigadora dice que estas buenas prácticas e iniciativas se lograrán si la sociedad se vuelve más participativa y analiza de forma más técnica los avances en temas como estos. Destaca que hasta hoy día, las instituciones en la actual administración federal han manifestado apertura en el acceso a la información, pero el análisis de la misma es el que al final reflejará su verdadera cara.

“Lo que sí creo es que no podemos dejar de evaluar, y no solamente eso, sino también hacer propuestas de política pública para lograr tener procesos de mejora con perspectivas específicas”, manifiesta.

“Hay que hacer estos puentes entre sociedad y Gobierno donde se tenga claramente cuáles son las necesidades de justicia”, advierte. “Es un reto, todavía es un desafío”.