A las y los mexicanos: El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley…". Esta disposición es de gran relevancia, toda vez que el fin de la pena de prisión no es solo el castigo, sino que da cuenta de los avances jurídicos que atienden a la dignidad humana, lo cual conlleva una serie de esfuerzos institucionales conjuntos que marcan la ruta para lograr que las personas que están fuera del sistema social puedan reingresar y reincorporarse a este.

La reinserción social da cuenta de la fuerza y eficacia del Estado, ya que la persona que cometió una conducta ilícita fue juzgada conforme al mandato de ley, dejando manifiesta la eficiencia de los sistemas de procuración e impartición de justicia, por lo que cuando la ley se aplica y la conducta se sanciona de manera proporcional al daño causado, el sistema penitenciario otorga las herramientas necesarias para prevenir la reincidencia delictiva.

Para lograr esta reincorporación se ha privilegiado como un medio idóneo el trabajo y la capacitación; por ello, en tiempos del COVID es grato saber que a pesar de la crisis sanitaria y económica, la instrumentación de programas de reinserción social no ha pasado a segundo término, al contrario, son una pieza fundamental para alcanzar la justicia social y la paz en el marco de la gobernabilidad democrática, lo que demuestra la solidez del aparato gubernamental de la Ciudad de México liderado por la Dra. Claudia Sheinbaum.

Ejemplo de lo anterior es que, la Secretaría de Gobierno de la CDMX en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC), el Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Administración Penitenciaria de Italia (DAP) y con el patrocinio activo de Enel Green Power México (EGPMX), han activado un programa de colaboración que permite la producción de cubrebocas en los reclusorios de la CDMX.

El programa será operado por aproximadamente cien reclusos quienes recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, con una producción proyectada de 15 mil cubre bocas semanales bajo los estándares de calidad de la Norma Técnica Número 67 que garantiza su identidad y especificidad de desechable para uso hospitalario, así como de la Norma 060 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Una parte de la producción será comercializada y la otra servirá para que más de 25 mil personas privadas de su libertad y casi ocho mil trabajadores del sistema penitenciario de la CDMX cuenten con cubrebocas. Una actividad que les será remunerada y beneficiará también a otras personas al contar con un insumo esencial para enfrentar la pandemia.

No queda duda de que el trabajo, fuera y dentro de los reclusorios, debe ser retribuido económicamente, así como posibilitar el desarrollo de quien lo realiza al formar parte de un proceso humanizador donde la jornada laboral no se agota en el "hacer" sino en el "sentir", porque contribuir al bienestar ennoblece al ser humano.

El trabajo para las mujeres y para los hombres, como bien lo señaló Simone de Beauvoir, "es lo único que puede garantizarles una libertad completa".