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Esta semana se cumplieron 14 años de la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas. La organización civil, Familia Pasta de Conchos (FPC) año tras año ha presentado la exigencia a la empresa Grupo México de que los cuerpos de los 63 mineros sepultados sean rescatados, porque hay pruebas de que el siniestro no fue fortuito, sino atribuible a las precarias condiciones de seguridad en la mina.
Según el informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (febrero 2008), con la explosión concluyó un largo historial de negligencia interesada de la empresa Industrial Minera México S.A. de C. V. (IMMSA), ya que las condiciones de seguridad e higiene en la mina 8 ponían en grave riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
El primero de mayo del año pasado el Presidente de la República anunció el rescate de los 63 mineros y dio instrucciones a la Secretaría del Trabajo para que iniciaran las gestiones del rescate, labor sumamente compleja, pero posible gracias a la participación de expertos internacionales y nacionales.
Las actividades para el rescate comenzaron con la conformación de una Comisión para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos en la que participan miembros de la FPC, dependencias del Gobierno federal y los expertos en la materia, el Comité formó un Grupo Técnico de 21 expertos que será el que tome las decisiones respecto al rescate de los cuerpos.
La Secretaría del Trabajo ha realizado un gran trabajo de recopilación de información en todas las dependencias de Gobierno que han estado involucradas en estos 14 años en la toma de decisiones de la tragedia.
El grupo de expertos considera que el proceso de rescate es viable, por lo que sugirió un método adecuado de acceso a la mina y que era imprescindible que el Gobierno federal realizara las pruebas preliminares que permitieran conocer la situación actual del problema, proceso que ya dio inicio mediante estudios de geología, geofísica e hidrogeología.
Según informó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, en marzo la Comisión Técnica entregará el dictamen y sería hacia octubre que iniciarían las labores para entrar, por un nuevo acceso a la mina colapsada.
En la Región Carbonífera siguen existiendo las minas ilegales y la FPC ha hecho visible la corrupción que por años ha imperado entre particulares y autoridades federales, estatales y municipales para extraer carbón en detrimento de los trabajadores mineros y la población, según denuncian los defensores de derechos humanos en favor de mejores condiciones laborales, sus demandas han generado amenazas, hostigamiento y resistencias de políticos y funcionarios, ha informado la representante de la organización, Cristina Auerbach.
La lucha de los mineros, las viudas, las madres, los hijos, hermanos y simpatizantes de los trabajadores sepultados en la mina de Pasta de Conchos, comienza a dar frutos, ellos han recurrido a todas las instancias a su alcance, fueron ante la CNDH, apelaron a los equipos de trabajo de varios relatores del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que los recibieron en sus oficinas en Ginebra, acudieron también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se espera que muy pronto esta institución publicará sus recomendaciones sobre el caso al Estado mexicano.
La Familia Pasta de Conchos ha reconocido que los expertos están realizando un trabajo extraordinario y solicitan sanciones para los directivos de la empresa IMMSA, las autoridades de la Secretaría del Trabajo que ejercían cuando se generó la tragedia y del Sindicato Minero por las omisiones e impunidad de la que se han solazado.
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Horizonte ciudadano
