Ricardo Bucio deja el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
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La Segob reconoció el compromiso, profesionalismo, institucionalidad y sentido del servicio público de Bucio Mújica, al tiempo que anunció una nueva etapa de fortalecimiento del Sipinna
La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la salida de Ricardo Bucio Mújica del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en mutuo acuerdo con Olga Sánchez Cordero.
En tanto se nombra a una nueva persona para encabezar la secretaría Ejecutiva del Sipinna, Patricia Colchero Aragonés fungirá como encargada del despacho a partir del 16 de febrero.
Tras este anuncio, la titular de la Segob reconoció el compromiso, profesionalismo, institucionalidad y sentido del servicio público de Bucio Mújica, al tiempo que anunció una nueva etapa de fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
De esta forma, Ricardo Bucio Mújica cierra una etapa de 11 años en la Secretaría de Gobernación, en la que presidió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), e impulso la creación del Sipinna en 2015.
Durante su gestión al frente de este órgano desconcentrado, trabajó en la coordinación con instituciones del Gobierno de México, las 32 entidades federativas y organismos internacionales, así como organizaciones civiles y académicas.
Asimismo, promovió la instalación del mecanismo en todas las entidades federativas, que actualmente tiene presencia en mil 848 municipios del país.
"Además, en los últimos cinco años se elaboraron el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi), la Ruta de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, y la Ruta de Atención a Niñas y Adolescentes Madres y Embarazadas, y se creó el Comité Técnico Especializado en Información en la materia", destacó la Segob.
Agregó que hoy el Sipinna es un modelo reconocido por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otros organismos internacionales como un mecanismo efectivo para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para visibilizarlos en la agenda pública, lo que también logró importantes transformaciones en el país.
