Rosario, candidata a la guillotina

La investigación realizada por la Fiscalía General de la República en contra de Rosario Robles, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, están apuntando hacia una imputación de carácter penal. La investigación, como parte de un ejercicio de revisión de expedientes congelados o soslayados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llevado a cabo por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de la actual administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha metido a revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja PGR. La que toca a Robles se refiere a la llamada “Estafa Maestra”, donde presuntamente se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de convenios con universidades públicas.

La “Estafa Maestra”, como tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la PGR comenzó a investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de Sedatu, con base en las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2011, que la llevó a presentar una serie de denuncias ante las autoridades. El trabajo periodístico reveló la entrega de más de siete mil millones de pesos en contratos ilegales donde participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, centrando el ojo de la investigación en las gestiones de Robles en ambas secretarías.

Tras la denuncia ante la PGR hace ocho años, se abrieron 23 procedimientos sobre funcionarios públicos y rectores de universidades en 2015, cuyos resultados sólo produjeron acusaciones en contra de funcionarios de nivel medio y algunos de ellos, incluso, que no habían sido denunciados por la Auditoría. En enero pasado, Gertz Manero informó que se investigaba a más de 60 funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, por el presunto desvío de más de 800 millones de pesos, y que se habían imputado a seis funcionarios de esta última. Cuatro de ellos quedaron liberados de las imputaciones al desistirse la Fiscalía de las acusaciones, y uno de los dos restantes, que sí fueron vinculados a proceso, afirmó que habían falsificado su firma, con lo cual se declaraba inocente.

La Fiscalía reestructuró en mayo la investigación y elevó la calidad del delito, al considerar que la “Estafa Maestra” había sido una operación realizada desde el corazón del gobierno federal, por lo que las acusaciones se plantearían como un posible delitos de Estado para lo cual se incurrió en otro más, el de delincuencia organizada. De acuerdo con Gertz Manero, esa era la posibilidad para poder profundizar en el caso que dijo que provocó un daño por casi seis mil millones de pesos al erario público.

No se conoce ningún documento firmado por la ex secretaria que pudiera vincularla a un acto de corrupción, pero la reclasificación que realizó el fiscal general a la indagatoria de la “Estafa Maestra”, abrió la posibilidad de que haya acusaciones en su contra por parte de ex colaboradores, por lo que se le pudiera imputar por el presunto delito de delincuencia organizada, que es cuando tres o más personas actúan concertadamente para cometer uno o más delitos graves a fin de obtener beneficio económico, político o material. La corrupción no era un delito grave hasta febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría de Morena, el partido en el poder, la reclasificó.

Nadie en el actual gobierno ha señalado públicamente a los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto vinculados a presuntos actos irregulares o ilícitos, pero existe una lista en la Presidencia de ocho ex miembros del gabinete legal y ampliado sobre los cuales ya se tienen expedientes. Quien aparece en el primer lugar de la lista es Robles, sobre la que han avanzado las investigaciones al umbral de la imputación. No hay información oficial sobre el estado que guarda la indagatoria en contra de la ex secretaria de Estado, que años antes como presidenta del PRD, estuvo involucrada en la campaña de Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.

Los intentos por hablar con Robles resultaron infructuosos, pero en anteriores comunicaciones sobre las imputaciones de corrupción, dijo que no existían denuncias en su contra en la Auditoría Superior de la Federación. Antes de la elección presidencial, Robles afirmó que estaba “de lo más tranquila” más allá de quien llegara a la Presidencia. En ese momento, aseguró: “Afortunadamente siempre he vivido de mi trabajo y nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una prueba que acredite lo contrario. No hay información alguna. No hay complicidad alguna. No tengo nada que temer”.

En una comunicación en julio de este año, Robles insistió en la inexistencia de denuncias de la Auditoría en su contra, y admitió que las autoridades habían investigado sus bienes y cuentas. “Resulta que como siempre dije, no tengo nada que esconder”, remató. En su última comparecencia como secretaria en la Cámara de Diputados en octubre pasado, dijo que los recursos por lo que la acusan fue para realizar trabajos de la Cruzada Contra el Hambre, que fue uno de los grandes programas del sexenio peñista.

De concretarse la imputación, Robles será la segunda alta funcionaria en el gobierno de Peña Nieto que tiene problemas con la justicia. El primero fue Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra prófugo. Las investigaciones de la Fiscalía General se enfocan hasta este momento en funcionarios del gobierno de Peña Nieto. No habrá tregua. Tampoco, por cierto, para el expresidente.

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