Rousseff, envuelta en nueva turbulencia
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Revés. La oposición presentó otra solicitud de juicio político contra la presidenta brasileña por irregularidades fiscales en 2014 y 2015; el caso está en manos de uno de los investigados por la corrupción en Petrobras
Brasilia. En el último episodio oscuro de un segundo mandato que, tan sólo un año después de su reelección, ya es una terrible pesadilla para Dilma Rousseff, la oposición formalizó una nueva petición de juicio político contra la presidenta brasileña, a quien acusa de supuestos “delitos de responsabilidad” que la Constitución contempla entre las posibles causas para destituir a un mandatario.
La nueva solicitud para un proceso con miras a la destitución de Rousseff fue entregada a la Cámara de Diputados y sostiene que la jefa de Estado avaló las irregularidades detectadas en los balances presentados por el gobierno en 2014.
Esas irregularidades, según órganos de contraloría, se han mantenido en 2015, ya en el segundo mandato presidencial de Rousseff, que comenzó el pasado 1 de enero.
Según la oposición, esas maniobras configuran un “delito de responsabilidad“, que es una de las posibles causas previstas en la Constitución brasileña para la destitución de un mandatario.
“Este no es un movimiento sólo de oposición”, pues “representa a la población brasileña, que no soporta más a este gobierno mentiroso y corrupto”, declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras tres formaciones opositoras.
El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en la estatal Petrobras.
La oposición afirma que ahora es diferente, pues considera que se “comprobó” que Rousseff incurrió en “delitos de responsabilidad” en forma “continua” y que, además, “insiste” en esas prácticas.
Los balances de las cuentas públicas del año pasado ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría que además ha detectado que esas maniobras se han mantenido durante este año.
