Se espera que en el futuro inmediato comencemos a adoptar medidas orientadas a mejorar el ingreso de los más pobres y así superar la desigualdad

El salario mínimo ha sido largamente en México un indicador del deterioro del poder adquisitivo de las personas, particularmente las más pobres. Pero en los últimos dos años registra un incremento espectacular que merece reseñarse porque da cuenta de una modificación real y tangible en las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A lo largo de 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado el recuento de los logros de su gobierno, ha señalado reiteradamente el hecho de que el salario mínimo creció 16 por ciento en este año, un aumento no visto en tres décadas.

Ayer se anunció un nuevo incremento -aún mayor- que implica recuperar varios puntos porcentuales de poder adquisitivo sobre la inflación, al acordarse un crecimiento de 20 puntos porcentuales en el salario mínimo.

Es cierto que tales aumentos son posibles ahora porque el salario mínimo fue “desindexado” de múltiples variables a las cuales se encontraba ligado y que lo convertían un una fuente de inflación en caso de fluctuaciones fuertes.

Sin embargo, resulta obligado cuestionarse por qué no habíamos tomado esta decisión antes. O, en otra palabras, ¿por qué, si era tan simple la solución, a nadie “se le había ocurrido” proponerla e implementarla?

Haber postergado la decisión condenó largamente al empobrecimiento a millones de familias cuyo ingreso estaba determinado por el monto que, de forma consensuada, “los factores de la producción” pactaban cada año siguiendo una estricta fórmula de “responsabilidad” en materia de control de las variables macroeconómicas.

Y cuando se cuestionaba por qué el salario mínimo no podía crecer en una mayor proporción, la respuesta era invariablemente que hacer eso implicaría provocar una espiral inflacionaria a partir de las repercusiones que en otras variables tenía de forma indirecta este concepto.

Claramente, según demuestra la realidad de los últimos dos años, era posible incrementar el salario mínimo muy por encima de la inflación y para ello tan solo era necesario desvincularlo de conceptos como el cálculo de múltiples sanciones económicas en cuya fórmula aparecía.

La lección parece, en retrospectiva, bastante clara: cuando la meta que se tiene en mente es la de distribuir de forma menos inequitativa la riqueza, se diseñan las medidas adecuadas para alcanzar, de forma simultánea, objetivos aparentemente excluyentes: incrementar el poder adquisitivo de la población de menos recursos y mantener la inflación bajo control.

Cabría esperar que, así como ha ocurrido con el salario mínimo, en el futuro inmediato comencemos a adoptar medidas orientadas a mejorar el ingreso de las familias más pobres y, de esa forma, superar el mayor de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad: la desigualdad.

Por lo pronto, habrá que darle la bienvenida a una decisión que, por segundo año consecutivo, demuestra que sólo hacía falta una pequeña dosis de voluntad para avanzar en el proceso de corrección de las asimetrías que caracterizan a nuestra sociedad.