Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo que define como “neoliberal”. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no judicial, fue Enrique Peña Nieto, y ahora se sabe que no fue el único. El exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno a cambio de su libertad y su dinero, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.

Las acusaciones se encuentran contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, de la que dio a conocer Gertz Manero de manera escueta, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que fue director de la empresa del Estado; y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.

Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría. Las pruebas que dijo tener para soportar sus dichos, las deberá presentar formalmente durante el juicio.

Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero y colocando ligas a 250 mil pesos y metiéndolos a una bolsa de papel, del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el hoy Presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.

Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran- amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en su contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces aseguraba Lozoya Thalman que su hijo tenía como prueba de su inocencia, “muchos videos”.

Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones. Cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial. El exdirector de Pemex, por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre, fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.

Con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.

El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó “Proyecto Fénix”. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.

Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por debajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.

Como en el caso de Salinas,donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el Gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, quien nunca pudo probar que le cometieron fraude.

 

Raymundo Riva Palacio

Columna: Estrictamente personal