La corrección de los problemas causados por empresas privadas hoy es responsabilidad pública y eso obliga a la realización de inversiones importantes

Las lluvias que la tormenta tropical Fernand provocaron ayer en Saltillo evidenciaron, una vez más, el acierto contenido en uno de los paradigmas de la planeación: “los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer”.

En efecto, las imágenes que circularon durante todo el día, además de las afectaciones que en forma individual podemos reseñar, dan cuenta del colapso que en la zona conurbada de la capital saltillense provocaron las muchas horas de lluvia, cuyas consecuencias se extienden hasta hoy, pues han obligado a la suspensión de clases e impiden la realización de las actividades normales.

No faltará quien afirme que esta es la consecuencia “normal” de una jornada de lluvias intensas provocadas por un fenómeno meteorológico atípico y por eso no es posible juzgar lo ocurrido como si estuviéramos ante un episodio de lluvias ordinarias.

No es así. Lo que ayer vimos retrata claramente cómo las decisiones tomadas durante los últimos años, en materia de desarrollo inmobiliario, nos están pasando una alta factura que no solamente provoca molestias sino también daños materiales que deben pagarse con recursos públicos.

La causa es muy clara y ha sido denunciada largamente: las autoridades municipales han permitido que los desarrolladores inmobiliarios maximicen sus ganancias personales a costa del perjuicio colectivo.

¿Cómo? Permitiéndoles fraccionar o vender zonas inundables, accediendo al taponamiento o modificación antinatural de los cauces que el agua ha seguido en el valle de Saltillo desde siempre, o dejando de exigirles la realización de las obras de canalización indispensables para evitar las inundaciones.

Con estas “soluciones” adoptadas en el pasado, los desarrolladores han ganado y el resto de los habitantes de Saltillo hemos perdido. Pero la pérdida no es pareja, sino brutalmente desigual, pues la corrección de los problemas causados por empresas privadas hoy es responsabilidad pública y eso obliga a la realización de inversiones importantes.

El problema con ello es que las inversiones deben realizarse en las zonas de alta plusvalía de la ciudad, es decir, en la zona donde viven quienes más recursos tienen para hacer frente a sus necesidades personales. Y como los recursos públicos son finitos, el dinero que se usa en resolver los problemas de los saltillenses con mayores recursos implica sacrificar a los más pobres.

No se trata, desde luego, de pasarle la factura a quien de buena fe ha comprado una casa o un terreno inadecuadamente desarrollado, sino de voltear a ver a los responsables directos de esta situación: los empresarios de la construcción que han definido el desarrollo urbano de Saltillo en los últimos tiempos y quienes, actuando como autoridades, se lo han permitido.

Pero hacer esto debe tener un propósito muy claro: ponerle un alto al desarrollo inadecuado de la ciudad, particularmente al norte donde los problemas que provocan las decisiones equivocadas cada vez nos cuestan más a la inmensa mayoría, mientras siguen generando ganancias inmorales para unos cuantos.