No es ninguna novedad reseñar que en el sector magisterial adquieran carta de naturalización conductas que implican la creación y/o preservación de amplios islotes de opacidad, corrupción e impunidad. En VANGUARDIA hemos publicado múltiples investigaciones que dan cuenta de ello.

Pero que no se trate de una novedad no implica que deba obviarse el hecho o disminuirse la exigencia para que la conducta sea investigada. Y la afirmación anterior es más cierta en la medida en la cual el fenómeno implica la afectación de derechos esenciales de los trabajadores.

Esto último es lo que parece evidenciar el reporte que publicamos en esta edición, en el cual se da cuenta de la presunta existencia de un esquema que ha permitido a la actual dirigencia de la Sección 5, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, “vaciar” las arcas sindicales en perjuicio de sus agremiados.

De acuerdo con los datos hechos llegar a esta casa editora, un grupo de integrantes de la dirigencia sindical han actuado de forma orquestada para sustraer recursos de los fondos sindicales y tal conducta habría conducido al colapso de las finanzas gremiales.

No faltará quien argumente en el sentido de que son recursos privados -que pertenecen a los trabajadores de la educación- y que son entonces sus propietarios quienes deben quejarse de ello y, eventualmente, denunciar los hechos ante las autoridades.

En esencia tendrá razón quien así opine, pero tal afirmación soslaya un hecho relevante: los recursos de los que se habla forman parte del esquema de seguridad social de los trabajadores de la educación, es decir, forman parte del núcleo básico de derechos de los empleados del magisterio y el Estado tiene la obligación de proteger tales derechos.

Si a un empleado -público o privado- se le retiene parte de su salario para la conformación de un fondo de ahorro, la integración de tal fondo, así como su administración, es mucho más que el producto de un acuerdo entre particulares, porque el dinero que se deposita en el fondo es parte del salario del empleado y por tanto debe protegerse de cualquier conducta que implique el riesgo de que dicho dinero se pierda.

Obviar tal obligación equivaldría a decir que en Coahuila está permitido el secuestro del salario de un trabajador y que ante tal conducta el estado se encuentra impedido de actuar.

Estamos pues ante la enésima evidencia de que los empleados de la educación de Coahuila se encuentran a merced de los apetitos y vicios de una dirigencia sindical que cada vez actúa con menos recato y es capaz, como todo aparenta ocurrió en este caso, de “vaciar” las arcas de su organización.

El problema es, como se ha dicho en múltiples ocasiones, la impunidad con la cual se actúa. Y la impunidad surge y se instala debido a la complacencia de las autoridades.

Por ello, la pregunta importante es, ¿actuarán esta vez las autoridades locales o, como ha sido su costumbre hasta ahora, voltearán a ver hacia otro lado y permitirán que la dirigencia magisterial siga actuado como si se tratar de una organización delincuencial?

El problema es, como se ha dicho en múltiples ocasiones, la impunidad con la cual se actúa. Y la impunidad surge y se instala debido a la complacencia de las autoridades.