En la Riviera Maya están libres de sargazo, pero no gracias a la Secretaría de Marina, ni al gobierno de Yucatán ni de los municipios playeros, sino al viento, que ha alejado de las costas quintanarroenses a esa plaga y si es así, ¿alguien podría decirme en qué se están gastando los funcionarios estatales y municipales los 90 millones de pesos que llevan recaudados en el 2019 del impuesto de 25 pesos por noche de habitación para ayudar a limpiar las playas?

Este “ecoimpuesto adicional” se lo están cobrando los hoteles a los turistas y en el 2020 se calcula que las autoridades van a meter a sus arcas otros 200 millones de pesos más.

Les platico: el sargazo es una selva marina pestilente de color pardo o verde negruzco de 8 mil 850 kilómetros y 20 millones de toneladas que se forma en el Atlántico debido principalmente al calentamiento global, al uso de fertilizantes y a la deforestación del Amazonas, uno de los mayores proveedores de nutrientes al océano.

Atacó masivamente al Caribe mexicano en la primera parte de éste año, lo cual provocó uno de los descensos más dramáticos de turismo en la zona de los últimos 40 años.

Para dimensionar el problema, el turismo representa el 9 por ciento del PIB nacional y ésta industria da empleo a 4.1 millones de personas y en forma indirecta a otras 6.5 en todo México.

Ahora sí, vayamos al morboso tema del uso que los gobiernos, estatal y municipales de Quintana Roo, le están dando a lo que recaudan del mentado “ecoimpuesto” contra el sargazo.

Con la condición de que no revele sus nombres, funcionarios de Turismo del gobierno de Quintana Roo reconocieron que las áreas respectivas del Estado y de municipios de la Riviera Maya, dejaron de gastar en la implementación y colocación de barreras contra el sargazo desde hace cuatro meses, cuando el fenómeno comenzó a retraerse.

Les pregunté: ¿Y qué están haciendo con ese dinero? Porque el “ecoimpuesto” se sigue aplicando. Y me respondieron: “Y se seguirá aplicando durante todo el 2020, lo que pasa es que ahora que vemos que ya no hay sargazo en la zona, estamos canalizando esos recursos al mejoramiento de todo aquello que beneficie al turismo y su promoción”.

Les mostré fotos de calles hechas pedazos en Puerto Morelos, Tulum, Playa del Carmen, Playa Paraíso, Holbox, Isla Mujeres, Cozumel, Solferino y otros municipios. También, evidencias de baños que son un desastre, carreteras llenas de baches, ausencia de módulos de orientación para el turismo, listas con nombres de personas con quejas abiertas en Profeco contra prestadores de servicios que engañan o no cumplen con lo prometido en paquetes y otras promociones y pregunté de nuevo: ¿En qué están aplicando lo que recaudan de ese “eco impuesto”?

Uno de mis entrevistados volteó a ver al otro y ambos se encogieron de hombros sin saber qué decir al respecto.

Fui más allá y sobre el mismo cuestionamiento, el diputado local Emiliano Ramos Hernández, quien renunció al PRD para sumarse a la bancada de Morena, me dijo que dicho gravamen se aplicará para la mejora de la infraestructura urbana del municipio de Cancún.

Además aseguró que el cobro de ese impuesto no afecta a los hoteleros ni a la población del municipio de Benito Juárez, pues el turista es el sujeto obligado a pagarlo, “aunque los recursos podrán ser utilizados en diversas áreas como el combate al sargazo o para concluir la red de drenaje que tanta falta les hace a los cancunenses”.

Ramos Hernández explicó que ese cobro se aplica desde 2017 en el municipio de Solidaridad y aunque en su momento causó gran descontento entre el sector hotelero, a la fecha no ha implicado ninguna pérdida de competitividad, ni cancelaciones, ni ningún otro tipo de afectación a la actividad turística, como habían advertido los empresarios.

Contra lo que dicho legislador asegura, Sergio González, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, considera que hay mucho descontento en los operadores turísticos e incluso se habla de demandas masivas de amparo contra el mencionado impuesto.

Para confirmar lo anterior, hablé con un alto directivo del Observatorio Legislativo de Quintana Roo y me dijo que hay materia suficiente para tramitar y ganar amparos contra el mencionado cobro por derecho ambiental que aprobó el Congreso local para Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, puesto que va en contra del artículo 31 constitucional.

Ante todo esto, turistas nacionales y extranjeros hospedados en hoteles de la avenida Kukulkán, me dijeron que si la industria turística, quienes en ella trabajan y sus clientes pagan impuestos, ¿por qué el gobierno tiene que aplicar uno nuevo para hacer un trabajo que es su obligación?

Mike Spencer Matthews, del Estado de Nueva York, me dijo que los impuestos que pagan los mexicanos y los extranjeros al contratar servicios turísticos, son para que el gobierno se los devuelva en la forma de servicios, seguridad y asistencia para evitar abusos en su contra.

“No entiendo entonces para qué sirven los impuestos que pagamos, si nos obligan a pagar uno específico para limpiar las playas de sargazo. Esa es su obligación y dan muy mala imagen al mundo haciendo cosas como ésta”, añadió.

CAJÓN DE SASTRE

“Por un lado, el gobierno de la 4T reduce a más de la mitad los recursos asignados a la promoción turística; por el otro, el Estado de Quintana Roo y los municipios les endilgan a hoteleros y turistas un impuesto más y por el otro, la percepción de inseguridad en los principales destinos de México ahuyentan a los visitantes. ¿Así quieren nuestros gobernantes inspirar confianza?”, dice la irreverente de mi Gaby.

placido.garza@gmail.com