‘Se debe evaluar si se sigue dando seguridad a los exgobernadores’

El Congreso del Estado debe de analizar si es prioridad otorgar seguridad a los exgobernadores y exsecretarios de Seguridad Pública o bien este recurso tanto humano como económico ejecutarse en salvaguardar la integridad de los coahuilenses.

Lo anterior lo dijo Marco Zamarripa González, dirigente del Consejo Cívico de las Instituciones en la Región Laguna, luego de que se expusiera la iniciativa de retirar la asignación obligatoria vitalicia de guardaespaldas a este tipo de exservidores públicos.

En la semana un curso la diputada local de Morena, Elisa Villalobos Hernández, propuso reformar la Constitución Política del Estado, en la que expone que la asignación de elementos de seguridad con cargo al erario solo debe de ser obligatoria para funcionarios estatales en funciones, en el caso específico del Gobernador del Estado y responsables del área de Seguridad Pública.

Al respecto, Zamarripa González dijo que se tienen que analizar las prioridades del Estado, así mismo igualar políticas de austeridad como las aplicadas en el Gobierno Federal.

“Valdría la pena cuestionar la asignación de este servicio, definitivamente creo que hay algunas áreas donde pudieran hacerse algunos recortes sin afectar los beneficios que tienen los exfuncionarios. La prioridad es salvaguardar la integridad de los coahuilenses”, aseguró.

Explicó que no se ha hecho una solicitud para ver cuánto gasta el Estado en recurso humano y económico en este tipo de servicios, sin embargo, no se descarta realizarla a corto plazo.

Cabe destacar que VANGUARDIA, al iniciar este 2019 solicitó a la Secretaría de Seguridad sobre el número de escoltas asignadas a funcionarios públicos y se negaron a proporcionarlos, pues los pondría en riesgo.

Jose Luis Pliego Corona respondió en entrevista que la información no se exhibiría toda vez que no podía poner en riesgo a las personas beneficiadas para estas medidas, sin embargo, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información indicó que la dependencia no tenía razón en no haber proporcionado la información siempre y cuando se reservaran datos personales.