Decenas de voces se alzaron contra esta normativa al considerar que la actual estrategia implica un riesgo para que sigan ocurriendo violaciones a las garantías fundamentales. Foto: Especial
Entre las violaciones a las garantías fundamentales en las que han incurrido soldados y que han sido acreditadas por la CNDH, se encuentran la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias y tortura
Antes de la instrumentación de la actual estrategia de seguridad (que fue decretada por Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del Ejecutivo federal, en diciembre de 2006, y continúa durante la administración de Enrique Peña Nieto), la Sedena no recibió ninguna recomendación, mientras la Semar tuvo apenas una"
Luis Raúl González Pérez, CNDH

El número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a violaciones a las garantías fundamentales cometidas por miembros de las fuerzas armadas se ha incrementado considerablemente a partir de que comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado.

En más de una década de la estrategia que se basa en la participación de militares y marinos en labores de seguridad pública en diversos puntos del país, la cifra de recomendaciones alcanza 166: contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han sido 126 y 40 contra la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Esto de 2007 al 30 de noviembre de 2017.

Las violaciones a las garantías fundamentales en las que han incurrido soldados y marinos y que han sido acreditadas en todas estas recomendaciones por la CNDH son desaparición forzada, ejecución extrajudicial (vulneración del derecho a la vida), detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, contra la integridad y la seguridad personal, contra la libertad, agresiones sexuales y no presentar de inmediato a los detenidos ante el Ministerio Público, entre otras.

Datos del organismo presidido por Luis Raúl González Pérez indican que en 2006, antes de la instrumentación de la actual estrategia de seguridad (que fue decretada por Felipe Calderón Hinojosa, ex titular del Ejecutivo federal, en diciembre de 2006, y continúa durante la administración de Enrique Peña Nieto), la Sedena no recibió ninguna recomendación, mientras la Semar tuvo apenas una.

A partir de entonces el número de señalamientos de la CNDH contra ambas dependencias fue en ascenso. En el caso del Ejército en 2007 recibió seis recomendaciones, 14 en 2008, 30 en 2009, 22 en 2010, 25 en 2011, 15 un año más tarde, tres para 2013, una en 2014, dos en 2015 (aunque una de ellas fue por graves violaciones a los derechos humanos), cinco en 2016 y tres en 2017, hasta el 30 de noviembre.

En lo que toca a los elementos de la Marina, su actuación ha generado 40 recomendaciones del organismo nacional: una en 2007, dos en 2008, una en 2009, seis en 2010, seis más en 2011, el mismo número un año más tarde, siete en 2013, una en 2014, también una en 2015, siete el año pasado y dos hasta el 30 de noviembre de 2017.

Quejas, al alza

El número de quejas presentadas ante la CNDH por presuntas violaciones a las garantías fundamentales de civiles también es alta. De 2007 a 2017 hubo 10 mil 764 denuncias contra militares y 2 mil 790 contra marinos. Muchos de esos expedientes siguen en proceso de análisis e investigación por parte de la comisión.

Esas cifras fueron uno de los argumentos principales para que desde distintos sectores se diera una férrea oposición a la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso y promulgada por Peña Nieto el 21 de diciembre.

Decenas de voces se alzaron contra esta normativa al considerar que la actual estrategia implica un riesgo para que sigan ocurriendo violaciones a las garantías fundamentales. Incluso la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron la atención y manifestaron preocupación de que con la entrada en vigor de esta ley militares y marinos sigan en la línea de delitos contra la ciudadanía, los cuales se expresan entre otros en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez informó hace unos días que el organismo a su cargo promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, ya que, consideró, su promulgación fue apresurada y constituye una solución parcial que dará resultados parciales.

Datos difundidos por diversas organizaciones que participan en el colectivo #SeguridadSinGuerrera asientan que entre 2006 y 2014 sólo había seis militares sentenciados por actos de tortura y 26 más estaban bajo proceso penal en casos seguidos por la Procuraduría General de la República.

Agregan que en esos años hay 4 mil 483 denuncias ante la CNDH contra efectivos de la Sedena y mil 32 contra los de la Semar tan sólo por tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes. Además, que en las recomendaciones por esos delitos, en 118 se identifica a militares y en 78 a marinos.

Imagen tomada en la ciudad de Morelia, Mich. Foto: Especial

Las historias parecen seguir el mismo guión: civiles sometidos, ejecutados de manera extrajudicial, personas detenidas de forma arbitraria y posteriormente desaparecidas sin que hasta ahora se sepa de ellas, mujeres torturadas y agredidas sexualmente con el objetivo de que se declaren culpables de delitos que no cometieron. Relatos en los cuales los verdugos son integrantes de las fuerzas armadas y la mayoría se encuentra en la impunidad.

Minutos después de las 7 de la mañana del 24 de febrero de 2015, el ingeniero Francisco Herrera seguía su rutina diaria y conducía su camioneta rumbo a su centro de trabajo, en Tampico, Tamaulipas, hasta que en la esquina de las calles Río Pánuco y Río Mante fue interceptado por varios vehículos de los que descendieron sujetos armados que no se identificaron.

Tras una larga indagatoria de sus familiares se supo que eran militares. Sus hermanos y su madre se presentaron ante el 15 Batallón de Infantería con sede en esa ciudad, donde no les dieron respuestas. Interpusieron las denuncias correspondientes y pese a que cámaras del C4 grabaron los hechos, hasta ahora siguen sin acceder a la justicia.

De acuerdo con la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que acompaña el caso, algunos de los videos captados por las cámaras fueron desaparecidos por el Ejército. La investigación llevada a cabo por los familiares de la víctima, al rastrear vía GPS su celular, determinó que estaría en el 15 batallón o en un predio contiguo; sin embargo, no hubo respuesta de los militares.

A la fecha, el ingeniero continúa desaparecido e Idheas presentó, el 15 de septiembre de este año, una solicitud ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas una acción urgente para que se exija al Estado mexicano que realice todas las acciones de búsqueda necesarias para determinar el paradero de Herrera, que garantice la efectiva conservación, resguardo y análisis, de acuerdo con los más altos estándares técnicos, de todos los elementos de prueba que obran en la indagatoria y que se adopten medidas de protección para sus familiares.

Las historias parecen seguir el mismo guión: civiles sometidos, ejecutados de manera extrajudicial, personas detenidas de forma arbitraria y posteriormente desaparecidas sin que hasta ahora se sepa de ellas"

'Buscamos la droga'

El 27 de agosto de 2011 Korina Utrera y Denise Bravo fueron torturadas por marinos, quienes irrumpieron en la casa de la primera, en Tabasco. Las golpearon al tiempo que les dijeron: No te hagas pendeja, buscamos la droga.

Después les vendaron los ojos y se las llevaron sin orden de aprehensión a la base de la Marina. Ahí las violaron y las sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas.

Fueron obligadas a firmar una confesión que señalaba que pertenecían a bandas del narcotráfico. La Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre la tortura y cuatro años después médicos forenses las examinaron. Luego de un año, no sabían los resultados. Éste es uno de los varios casos documentados en un informe presentado el año pasado por Amnistía Internacional. Cuando se dio a conocer el reporte las dos mujeres seguían presas y ningún marino había sido sentenciado por los abusos.

En diciembre de 2008, en Torreón, Coahuila, miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército desaparecieron al hermano de Grace Fernández, quien ahora es parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México.

En entrevista, señala que desde entonces no han accedido a la justicia, no hay información certera y las indagatorias no avanzan. Un mando militar se comprometió con Grace y su madre a indagar el caso, pero uno de los argumentos para no sancionar a los efectivos fue que probablemente no estaban en horas de servicio.

Tras un largo viacrucis y después de tramitar decenas de oficios, Grace logró obtener una copia de la carpeta de investigación iniciada en la Procuraduría Militar. Sin embargo, las indagatorias se cerraron. No hay avances, no hay información, no hay justicia. Su hermano siguen en calidad de desaparecido y ninguno de los responsables está en prisión.

En un testimonio que le dio al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Claudia, originaria de Veracruz, narró que en agosto de 2012 fue detenida, junto con su esposo Isaías Flores Pineda, por elementos de la Secretaría de Marina. Durante 36 horas ella fue víctima de tortura, firmó una confesión cuyo contenido desconocía. Está en libertad bajo caución. Desde entonces ha buscado justicia.