¿Se hará justicia?

En el Índice de Percepción que elabora Transparencia Internacional en su edición 2018 -que es la última que tenemos-, México obtuvo una calificación de 28 puntos y se ubicó en el lugar 138 de una lista de 180 países, lo que pone a México como el país más corrupto entre los miembros de la OCDE, por encima de Guatemala y Nicaragua -éste último tiene dictador-, y del G-20 junto con Rusia. Transparencia Mexicana expresa que son muy limitadas las acciones anticorrupción en nuestro país que “… conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas”. Su titular, Eduardo Bohórquez, hace hincapié en que: “Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público, y que solo se podrá avanzar en el combate a la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que han capturado instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los recursos desviados mediante una política de recuperación de activos”.

El panorama de corrupción que tenemos en el país es muy complejo, porque es estructural y sistémico. Salir de semejante entramado no es simple. Ser corrupto en este país nuestro se ha convertido en modus vivendi de muchos mexicanos, no sólo del sector público, también del privado. Y para muestra, la detención de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y la orden de aprehensión girada en contra de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ambos están acusados de haber llevado a cabo, presuntamente, un sin número de operaciones con recursos provenientes de actos ilícitos. En el proceso que se les enderece habrán de comprobárseles tales acusaciones, identificar la red de corrupción que los cobijó y la recuperación de lo desviado. Es esencial, como apunta Bohórquez, que “… se investigue y procese a todos los miembros de la red de corrupción, incluidos intermediarios privados. Si la investigación se restringe a los dos posibles responsables mencionados, Lozoya y Ancira, podría interpretarse solo como un tema con tintes políticos. En anticorrupción la justicia pasa por desmantelar redes y recuperar los activos que sean fruto de los ilícitos”. Y tiene toda la razón.

La corrupción pudre cuanto toca y sus consecuencias son devastadoras. La forma en que afecta a una nación no tiene parangón. Es una devoradora insaciable, a través de ella se desvían recursos públicos y con ello se desatienden necesidades apremiantes, básicas para el desarrollo integral de millones de personas. ¿Cómo cuáles?: salud, educación, vivienda, y los recursos van a parar a los bolsillos de funcionarios y particulares sinvergüenzas en la absoluta impunidad. La corrupción pulveriza presupuestos, infla compras y obras gubernamentales a través del incremento mentiroso de costos, es experta en crear empresas fantasmas y obras inexistentes, inventa empleos y genera “aviadores” al por mayor, deslegitima instituciones públicas porque desvía el alcance de los fines para los que fueran creadas, pervierte la razón de ser de organismos públicos y privados, de asociaciones y de personas; ubre eterna del clientelismo electorero. Es repugnante el estercolero que produce.

La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que  México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. Advierten también que el “Estado de derecho está roto y es inoperante”. Las evidencias están a la vista. Vamos a ver el desempeño de la autoridad en el caso Ancira-Lozoya, la sujeción irrestricta a la ley es fundamental. Sería un hecho sin precedentes que por primera vez en la historia de este país cayera toda la piara que intervino en este robo a la Nación. Mi escepticismo es enorme y no soy la única. Yo siempre me he preguntado de qué estamos hechos los mexicanos.

Posdata: Ojalá que Napoleón Gómez Urrutia tuviera aunque sea una poquita de prudencia -porque la vergüenza no es lo suyo- en sus declaraciones sobre el caso. De veras que el cinismo de algunos no conoce límites.