Sonriente, el exdirigente estatal del PAN en Coahuila, ingresa al salón de sesiones del Congreso del Estado para rendir protesta como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Hasta hace poco un feroz opositor, que no dudaba en asegurar que el actual gobernador Miguel Ángel Riquelme "se robó" la elección de 2017, Bernardo González Morales no tuvo inconveniente en que el mismo mandatario a quien él ha tildado de ilegítimo le convirtiera en "su gallo" para ocupar una silla en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Se ha dicho en múltiples ocasiones, pero no debe dejar de repetirse: ocupar un asiento en el Poder Judicial de Coahuila depende más de la trayectoria y las conexiones políticas y menos –mucho menos– de gozar de reconocimiento como integrante de la comunidad jurídica, la academia o la galería de los teóricos de la materia.

La afirmación se basa, desde luego, en la evidencia a la vista: no hace falta sino escoger un nombre al azar para ver cómo, por encima del currículum profesional, se ubica la cercanía con el poder.

Y aunque hay de cercanías a cercanías, en esencia no es buena noticia enterarse de cómo la “lealtad” política –o la complicidad– es, para todo efecto práctico, el atributo más importante para aspirar con seriedad a un cargo tan relevante. Tal hecho convierte en acto criticable las designaciones realizadas para integrar los órganos más relevantes del sistema de justicia local.

Con todo –y como estamos en el terreno del Derecho–, hay designaciones a las cuales corresponde un mayor grado de reproche por ubicarse en el terreno de la impudicia, el oportunismo, la desfachatez y la deshonestidad intelectual.

Es el caso del exdirigente estatal del Partido Acción Nacional en Coahuila, Bernardo González Morales, a quien el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís propuso en la semana –para beneplácito de la Legislatura estatal– como afortunado ganador de la rifa de una magistratura en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Coahuila.

Hasta ayer ardoroso “opositor” y fiero “detractor” de la posición ostentada por Riquelme Solís –a quien se cansó de acusar de ser un mandatario espurio–, González Morales no ha tenido empacho en ser propuesto para el cargo por quien, según sus propias palabras, “se robó la elección” de 2017.

Tampoco se trata de la noticia del siglo, es preciso decirlo. Porque si algo puede encontrarse en los archivos de la historia reciente del País son ejemplos de transfuguismo político. O de oportunismo, si usted prefiere utilizar un término más cercano a la realidad.

Bernardo González tiene derecho, desde luego, a pretender un cargo público –no sería su primera vez, por lo demás– pero resulta deseable atestiguar un poco más de congruencia entre sus dichos y posiciones del pasado reciente y sus actos del presente.

Su designación, por cierto, habla mal no sólo de él, en términos de congruencia política, sino también de quien lo propone. Porque aun cuando se trate de una “magistral jugada política” –pues exhibe a la principal oposición en pleno proceso electoral– no deja de resultar chocante ver a un gobernador jugar a la vulgaridad con los bienes públicos.

Porque la designación del otrora “opositor” huele a “concertacesión” por donde se le busque, tal como en su momento despidieron ese tufo las de Ulises Hernández Torres y Carlos de Lara McGrath, a quienes se identifica como cercanos al Partido Acción Nacional.

La razón para la “diversidad” en las propuestas para el Poder Judicial en los últimos años parece evidente: al haber perdido el control del Congreso del Estado, la minoría priista se ha visto obligada a “ceder espacios” a la oposición y ésta, ni tarda ni perezosa, ha decidido aceptarlos.

No estamos atestiguando, como ingenuamente podrían pensar algunos, un proceso de “apertura” y “construcción de contrapesos” en el Poder Judicial, sino lisa y llanamente la consolidación de acuerdos para, en el mejor de los casos, compartir el poder.

Quien más pierde, desde luego, es la oposición, pues no importa con cuanto ardor busque el actual dirigente del PAN, Jesús de León Tello, defender la trayectoria de su compañero de viaje, el haber aceptado la nominación les coloca, a los ojos del público, en la posición de oportunistas.

Y para coronar la pifia, el dato más infamante: al hoy magistrado se le “olvidó” por más de una década tramitar su cédula profesional como licenciado en derecho, pero casualmente recordó este año la necesidad de contar con ella, unos días antes de ser propuesto para ocupar una magistratura.

No es requisito esencial contar con dicho documento para aspirar al cargo (bueno: como ya vimos, ningún documento es importante en este proceso), pero seguramente el flamante justice comarcano consideró de mal gusto sentarse en la silla de magistrado sin contar con ella y por eso se habrá apresurado a conseguirla.

¡Y en esas manos está la justicia!, dirá algún observador distraído. Pues sí: pero tampoco estaba mejor antes.

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El arribo de Bernardo González al Poder Judicial de Coahuila coincidió con la salida –por la puerta de atrás– del hoy exmagistrado Óscar Aarón Nájera Davis. Frente a la coincidencia temporal de los hechos, una conclusión se antoja: el Poder Judicial de Coahuila parece requerir, por regla, de una dosis de indecencia para operar adecuadamente.

Seguiremos en el tema…

¡Feliz fin de semana!

 

@sibaja3

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