Por un lado se les recomienda a las personas que se aíslen en sus casas y por el otro se les impide cumplir con esta indicación

En medio de una pandemia como la que padecemos actualmente en el mundo, las ineficiencias y la incompetencia características del sector gubernamental no solamente se notan más, sino que se convierten en un factor adicional de riesgo para la salud pública.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo a las lagunas que aún parecen existir en los protocolos mediante los cuales se atiende a la población que acude a las instituciones del sector salud, específicamente quienes deberían formar el “cerco sanitario” alrededor de potenciales portadores del virus y quienes, habiendo sido ya diagnosticados, son asintomáticos.

La historia de Jorge, un paciente asintomático de Saltillo y cuyos pormenores publicamos hoy, parece dejar claras varias cosas:

La primera de ellas es que la política de “no pruebas” que se ha adoptado en nuestro país genera eventualmente circunstancias absurdas: una persona es ingresada en un hospital con un cuadro de insuficiencia respiratoria pero, pese a informarse a las autoridades de los múltiples contactos que esa persona había tenido en lo inmediato, ni se ordena localizar a esas personas ni, mucho menos, practicarles la prueba de coronavirus.

Pese a lo anterior, sí se “recomienda” a dichos contactos que se aíslen en sus casas y que “se hagan” la prueba para saber si son o no portadores del patógeno. Sin embargo, al ser asintomáticos, en ninguna institución pública acceden a hacerles la prueba porque “solamente se le hace a quien presenta síntomas”. Y, para colmo, como no hay prueba -¡porque no hay síntomas!- tampoco puede haber incapacidad.

La contradicción no podría ser más profunda: por un lado se le recomienda a las personas que se aíslen en sus casas y por el otro se les impide cumplir con esta indicación al negárseles acceso a pruebas e incapacidades que justifiquen su ausencia en el trabajo.

La segunda es que, ante este escenario, solamente la responsabilidad -llevada al extremo- de los ciudadanos logra impedir que los contagiados asintomáticos se conviertan en responsables involuntarios de nuevos brotes de contagio: porque Jorge decide pagar de su bolsa el precio de las pruebas -para él y su esposa- en un laboratorio privado, antes que poner en riesgo a otras personas saliendo a la calle sin asegurarse de no portar el virus.

Con todo y eso, en el IMSS apenas acceden a entregarle una incapacidad por cuatro días, alegando que “el sistema” (de cómputo) no les permite expedir una por un período mayor.

Frente a casos como este resulta muy fácil comprender por qué en México no solamente ha sido imposible “aplanar la curva”, sino que no se ve para cuándo vaya a ocurrir eso, mientras nos acercamos rápidamente al escenario “muy catastrófico”, dibujado en su momento por el subsecretario Hugo López-Gatell, de 60 mil víctimas fatales por la pandemia.

Y es que en estas circunstancias, la letalidad del virus se incrementa debido a la burocracia que se convierte en su aliada mortal.