Segundo informe con más pobreza
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Los resultados frente a la pobreza no son muy positivos para este 2º informe de gobierno. De entrada, con el COVID-19 y la crisis económica, se sumaron casi 16 millones de personas más. También los programas sociales tienen fallas importantes y la selección de sus beneficiarios es un foco rojo. Lo más grave es que no se están transformando las causas estructurales que generan pobreza y desigualdad.
La medición oficial de la pobreza de 2020 se conocerá hasta agosto de 2021. Ahora sólo contamos con el indicador de corto plazo que publica Coneval, la entidad del estado mexicano encargada medir la pobreza y evaluar la política social.
De fin de 2018 a junio de 2020, la pobreza laboral pasó de 39 a 49 por ciento. 61 millones 466 mil personas carecen de ingreso laboral suficiente para comer, según datos del Índice de la tendencia laboral de la pobreza de Coneval.
Aplicando la proporción (ratio) entre este indicador y los resultados de las pasadas 3 mediciones, el 61 por ciento de la población estaría en pobreza por ingresos. O sea 15 millones 779 mil más que hace 2 años, para un total de 76 millones 833 mil personas.
Esta estimación puede fallar. Sería muy bueno que así fuera. Me encantaría reconocer que el cálculo fue equivocado. Deseo que los datos que Inegi está levantando en estos meses (desde agosto), arrojen un mejor resultado. Por ahora, estos son los datos oficiales disponibles.
Cualquier aumento de pobreza, así fueran sólo 2 o 3 millones de personas más, es muy mala noticia. Y representa un duro golpe a la intención de este gobierno de poner primero a los pobres.
Los programas sociales también presentan problemas. Según Coneval, hay fallas en la definición de sus objetivos y en su aplicación en campo. Por ejemplo, las evaluaciones muestran que varios programas no definen bien el problema que buscan resolver y que los recortes de presupuesto han dificultado su operación.
El foco rojo más importante sigue siendo sobre la selección de quienes reciben las transferencias. La poca información oficial sobre el “Censo del Bienestar” muestra que no fue un censo, sino una verificación de padrones de 2 programas.
El problema mayor es que la inscripción a nuevos beneficiarios se basó en el criterio discrecional de quienes aplicaron el “censo”. Esto no es buena práctica, pues no se aplicaron criterios rigurosos sobre carencias y condición socioeconómica de las personas.
La aplicación del “censo” por parte de una estructura electoral derivada del partido político en el gobierno hace suponer un fuerte sesgo político y electoral, lo cual afectará también sus resultados frente a la pobreza y la desigualdad (además de atentar contra la democracia).
El problema más grave es que no se han transformado causas estructurales de la pobreza, como las que se generan en el mundo del trabajo.
Hubo un primer cambio positivo con los aumentos al salario mínimo. Esta política debe mantenerse, al menos hasta que gradualmente se alcance el monto suficiente para dos canastas básicas.
Pero siguen pendientes otras medidas para enfrentar el outsourcing ilegal, para hacer realidad el nuevo sistema de justicia laboral y para la democratización de los sindicatos. Y sobre todo para desvincular el acceso a la salud del contrato laboral y así superar la dualidad formal / informal que excluye al 60 por ciento de la población económicamente activa de la seguridad social.
