Durante las últimas semanas, en todo el mundo han ocurrido importantes acontecimientos que tienen que ver con protestas que, mediante demandas legítimas, comenzaron siendo pacíficas. Sin embargo, la respuesta estatal en todos los casos ha sido a través de las fuerzas de seguridad, quienes han intervenido al mantener el orden, la paz y la seguridad de la población.

Podemos mencionar las recientes manifestaciones desarrolladas durante el fin de semana pasado en varias ciudades de Chile, o bien las ocurridas en Cataluña tras la sentencia del “procés”, los enfrentamientos en Ecuador, las protestas de Hong Kong, las marchas en Haití y las más recientes en Bolivia.

Los motivos de las manifestaciones son tan variados como las características de cada una de las regiones en donde han ocurrido. En Chile, por ejemplo, lo que inició con manifestaciones por el aumento en las tarifas del metro ha servido para evidenciar las desigualdades que durante décadas han estado presentes en la sociedad chilena. Por su parte, las condenas de hasta 13 años de prisión a líderes independentistas en Cataluña fue lo que provocó el inicio de protestas pacíficas, principalmente en Barcelona.

La eliminación de los subsidios al combustible propició, hace algunas semanas, una gran movilización de ecuatorianos; mientras que en Hong Kong el movimiento social comenzó por el rechazo a una propuesta de ley sobre extradición, pero cuando esta propuesta fue retirada, las exigencias se centraron en la mejora de los mecanismos democráticos.

Es importante aclarar que las características y condiciones de cada uno de los ejemplos son mucho más complejas para abordar y analizar. Sin embargo, se presentaron estos ejemplos con la finalidad de exponer lo siguiente:

El común denominador en los cuatro ejemplos no solamente ha sido el descontento social con la gran participación de jóvenes, en gran medida gracias al alcance y difusión de las redes sociales, sino que la respuesta institucional por parte de los gobiernos ha sido la misma.

Las manifestaciones que comenzaron siendo pacíficas, con el paso de los días se han transformado en enfrentamientos violentos entre manifestantes y agentes estatales, bloqueos de carreteras, toques de queda, detenciones e incluso muertes.

Las fuerzas policiacas han salido a las calles para “atender” la situación. En casos como el chileno, su ejército. La intervención de las fuerzas se ha centrado principalmente en dispersar y reprimir las manifestaciones.

En todos los casos existe evidencia que demuestra que frente a manifestaciones pacíficas los cuerpos de seguridad han usado de manera excesiva la fuerza, restringiendo importantes derechos como la libertad y la integridad física, utilizando en la mayoría de los casos armas de fuego para “controlar” a los manifestantes.

Ante ello, surgen varias dudas. ¿Los derechos pueden restringirse? Si bien, ningún derecho es absoluto —salvo el derecho a no ser torturado y el derecho a no ser desaparecido— para que la restricción se justifique, deben cumplirse ciertos requisitos. Puede señalarse que la restricción de derechos se justifica cuando se busque cumplir un fin legítimo. Que esta búsqueda sea a través de medidas adecuadas y que, a su vez, éstas sean proporcionales. Entonces es importante preguntarnos si, en los casos antes señalados, la fuerza utilizada por los cuerpos policiacos y militares ¿ha sido proporcional? Y para tratar de responder la anterior, ¿cuál es la finalidad principal de las fuerzas de seguridad pública?

La respuesta sería que mantener la paz y la seguridad de la población, pero, ¿puede el Estado usar la fuerza para conseguir esa finalidad? Sí, pero sólo cuando concretamente esté en peligro la vida o la integridad de las personas, siendo la protección de la vida el principio que debe regir el uso de la fuerza. Respecto a la utilización de armas de fuego, éste sólo puede autorizarse cuando la amenaza y/o el riesgo sean concretos y teniendo las autoridades como prioridad absoluta, la protección de las personas y sus derechos.

Es cierto que la violencia también ha sido producto de actos cometidos por particulares en el marco de las manifestaciones y protestas, lo demuestran los casos de personas fallecidas, otras tantas heridas, personas detenidas, periodistas agredidos y un largo etcétera, pero no por ello deja de ser preocupante el uso inadecuado y desproporcional de la fuerza por parte de las autoridades.

Es necesario que en todos los casos se inicien diálogos inclusivos y efectivos para escuchar y atender las exigencias legítimas de la población, en lugar de alegar estados de excepción o de emergencia para “justificar” el uso excesivo de la fuerza que, hasta ahora, sólo ha producido mayor violencia.

Como sociedad, nos toca estar atentos pugnando por las soluciones pacíficas, pero exigiendo la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos.

@carlos_zamorav

carloszamora@uadec.edu.mx

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH