Inseguridad: la mina de oro en México
La empresa Seguritech ha crecido en los 10 años recientes, en parte, gracias a los contratos sin licitar que ha firmado con, al menos, 10 gobiernos del país; en Sinaloa son los dueños del C4, helicópteros y vehículos de vigilancia y transporte que el gobierno anterior presumió como propios
Por Marcos Vizcarra
La inseguridad en México se convirtió en un negocio rentable. Empresas que se dedican a la tecnología de vigilancia y prevención saben que los estados con problemas de violencia pagarán sumas millonarias por sus productos y servicios, y prácticamente sin preguntar.
Para contratarlas, los gobiernos estatales no han lanzado licitaciones públicas para que las compañías compitan y, así, las administraciones públicas decidan por la opción más idónea para las finanzas.
Por el contrario, contratan servicios de seguridad bajo esquema de adjudicación directa, sin un proceso para revisar quiénes son los más económicos o más eficientes, sino que eligen de forma directa a empresas que los funcionarios en turno consideran las mejores, aunque éstas, incluso, no tengan la mejor reputación en otras entidades.
Una investigación de Noroeste documentó que así sucedió en 10 estados del País con la empresa llamada Seguritech. Esos estados son: Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Colima, Guanajuato y en seis delegaciones de la Ciudad de México
Las entidades contrataron a la firma para rentarle, con contratos multianuales, tecnología y edificios para inteligencia en seguridad.
Entre los servicios que ofrece Seguritech están los edificios que se llaman C4 o C5, que son complejos para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y vigilancia satelital.
En Sinaloa, por ejemplo, opera la empresa Comunicación Segura, que es filial del grupo empresarial Seguritech. La firma proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, cuyo costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, que se pagaron en el transcurso de 5 años, entre 2011 y 2016, durante el sexenio de Mario López Valdez.
Del mismo modo opera, u operó, en Guanajuato, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sonora, sólo que cada uno de esos estados tuvo peticiones y costos diferentes.
En total, por servicios para las 11 entidades, la empresa ha obtenido 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde 2007 a la fecha, según contratos obtenidos por Noroeste a través de los portales de transparencia de los estados y reportes de auditorías federales y locales.
$ 22.3 mil millones de pesos ganancia de Seguritech desde el 2007
En la mayoría de esos estados la empresa tuvo o tiene problemas con las administraciones, lo que ha hecho que las auditorías de los estados y la de la Federación hicieran observaciones y promovido sanciones administrativas o penales.
Eso ocurrió después de que se detectara que la contratación de la empresa se hizo de forma directa, cuando los estados pudieron hacer licitaciones. También se encontró que la empresa incumplió en sus cláusulas, o que los gobierno no abogaron por tener mejores contratos.
En los estados en los que hasta el momento no hay problemas es porque recién iniciaron operaciones, como el caso de Hidalgo, Sonora y Estado de México, o en Colima, donde el proyecto apenas se asignó a principios de diciembre de 2017.
Noroeste presenta en esta investigación cómo Seguritech se ha instalado en el País, sus alcances, sus fallas, sus modos de operación y cómo los gobiernos han decidido contratar la firma a través de adjudicaciones directas, en sentido contrario a las recomendaciones de las auditorías superiores de los estados y de la Auditoría Superior de la Federación.
¿QUIEN ES SEGURITECH?
Seguritech: de alarmas a satélites
Seguritech es una empresa que inició vendiendo alarmas vecinales y hoy, después de 22 años, ya vende servicios de complejos de seguridad, satélites y aviones no tripulados.
En 1995 comenzó a operar la firma Seguritech Privada S.A. de C.V., propiedad del mexicano Ariel Zeev Picker Schatz.
En ese tiempo, su negocio ubicado en la Ciudad de México comerciaba con alarmas de seguridad en negocios privados y casas habitación, así como alarmas vecinales para los gobiernos locales.
Para 2000, el negocio trascendió a los botones de pánico, populares en las delegaciones del entonces Distrito Federal, pues éstos eran conectados en negocios comerciales para utilizarse como alarmas de seguridad pública.
De acuerdo con contratos y auditorías locales y federales, para 2007 Seguritech comenzó a tener contratos de mayor trascendencia: empezó a vender equipo de videovigilancia a gobiernos locales, entre ellos al municipio de Guadalupe, en Nuevo León, o la Delegación Iztacalco, en Ciudad de México.
Además, logró posicionarse en estados como Yucatán para la venta de equipo de radiocomunicación.
La empresa se consolidó al mismo tiempo en el que la violencia en México alcanzó sus niveles máximos. Para 2009, cuando se incrementaron los delitos dolosos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la empresa comenzó a cerrar contratos más grandes.
Fue en 2011 cuando obtuvo el primer contrato que superó los mil millones de pesos, bajo un esquema de arrendamiento de equipo de seguridad y la construcción de complejos de seguridad. Ese contrato se firmó en Sinaloa.
De acuerdo con auditorías en Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero, los modos de contratación de la empresa no son los óptimos, lo que ha provocado la promoción de sanciones en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos
La empresa, para ese entonces, pasó de vender alarmas vecinales y botones de pánico a construir complejos de seguridad y arrendar vehículos blindados.
Seguritech comenzó a hacer negociaciones diferentes y dejó de participar en licitaciones públicas en los estados para pasar a las adjudicaciones directas.
En cada una de las entidades en las que se presenta, de acuerdo con otros proveedores de seguridad consultados por Noroeste, es seguro que Seguritech obtenga al menos un contrato.
Después de Sinaloa, otros estados como Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato e Hidalgo, contrataron a la firma.
El modo de operación
La empresa de Picker Schatz tiene un modo de operación estricto: a donde llega deja claro en las negociaciones con los estados que toda información de los contratos debe reservarse, con el argumento de ser sensible para la seguridad de los estados.
También establece la atención de distintos servicios, es como si armara paquetes especiales en los que incluye los equipos, el mantenimiento y pólizas de garantía, lo que eleva el monto económico de los contratos.
De esa manera, Seguritech ofrece en los estados servicios de arrendamiento con pagos multianuales.
Ese esquema es similar a los contratos por asociación Publico Privado, con la diferencia de que, ya que se termina la vigencia de cada uno, los estados deciden hacer válida o no una cláusula de compra que se establece por montos mínimos del 18 por ciento del costo total de los contratos.
Las 11 entidades que han contratado a la firma han accedido a ese modo de operación de Seguritech, sin que se ponga restricción alguna.
Una empresa de escándalo
Seguritech es una empresa fácil de encontrar en los buscadores digitales. Tiene dos modos de encontrarse: porque su expansión se ha vuelto fuerte en los estados y porque su esquema de operación no ha sido el mejor, pues arrastra deficiencias y procesos jurídicos.
El empresario Ariel Zeev Picker Schatz aparece en distintos artículos en el que se le vincula con políticos como David Korenfeld, ex director de la Comisión Nacional del Agua, y con políticos priistas de apellido Del Mazo, una de las familias que deciden los destinos del Estado de México, de donde surgió Alfredo, actual Gobernador del Edomex y vinculada al Grupo Atlacomulco, al que pertenece el Presidente Enrique Peña Nieto.
Noroeste solicitó la versión de Picker Schatz para esta investigación, pero tras distintos intentos no se concretó el contacto.
Entre las deficiencias, las que llaman más la atención son el incumplimiento de contrato en el municipio Acapulco de Juárez y, al mismo tiempo, con el Gobierno del Estado de Guerrero, quien contrató a Seguritech para la reparación y mantenimiento de equipo, así como para la instalación de videocámaras y botones de pánico.
La empresa incumplió contratos, de acuerdo con auditorías federales y señalamientos de Antonio Sebastián Ortuño, ex Contralor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, quien promovió una sanción económica en contra de la empresa por un millón 750 mil pesos.
Picker Schatz se ha aliado con abogados para afrontar tales señalamientos, entre ellos miembros del despacho TMI Abogados, una de las firmas más importantes en México sobre Derecho y Tecnología, estrictamente con Kiyoshi Tsuru, quien es el socio fundador y director del despacho.
La empresa mantiene su expansión y recientemente cerró contratos con los gobiernos de Sonora, Michoacán y Colima bajo los mismos esquemas de contratación y servicio.
Mensaje de Seguritech en su sitio web:
“Seguritech contribuye en la consecución de proyectos de Seguridad Nacional del país. Esto ha implicado grandes retos tecnológicos, humanos y de organización, a los cuales respondemos hoy con grandes áreas de especialización, cada una de ellas integrada por especialistas con gran experiencia.
En este camino hemos incursionado y evolucionado en aeronáutica, construcción, meteorología, penitenciaría, residencial, salud, seguridad ciudadana y telecomunicaciones, atendiendo en México, a más de 5,000 clientes privados, corporativos y sector gobierno.
A lo largo de más de 22 años de trabajo, hemos ofrecido nuestros servicios para desarrollar proyectos públicos (federales, estatales y municipales) y privados (corporativos y residenciales).
Conservando los valores con los que fue fundada esta empresa, hemos crecido bajo una dirección profesional, comprometidos en conservar altos estándares de calidad para dar soluciones integrales de vanguardia a nuestros clientes.”
LOS CONTRATOS CON SEGURITECH
La empresa Seguritech opera en México desde 1995, con la venta de alarmas para casas y alarmas vecinales, pero desde 2007, de acuerdo con contratos y auditorías estatales y federales obtenidas por Noroeste, la empresa ha diversificado sus rubros.
Desde ese año a la fecha ha facturado un total de hasta 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos con diferentes gobiernos estatales y municipales.
CDMX
Delegación Iztacalco contrató a Seguritech para la compra de 720 alarmas vecinales por un monto de 4 millones 457 mil 100 pesos en 2009.
Delegación Azcapotzalco contrató la compra de 7 mil alarmas vecinales por un monto de 90 millones 783 mil 700 pesos en 2013.
Delegación Venustiano Carranza compró 2 mil alarmas vecinales por un monto de 9 millones 563 mil 900 pesos en 2013.
Delegación Tlalpan contrató a Seguritech por un monto de 7 millones 145 mil pesos para la adquisición de alarmas vecinales en 2014.
Delegación Cuauhtémoc contrató a Seguritech para la compra de alarmas vecinales y la renta de equipo de videovigilancia, monitoreo y enlace entre cuerpos policiales por un monto de 2 mil 318 millones 950 mil 204.46 pesos en 2014.
Delegación Miguel Hidalgo contrató a Seguritech para un sistema de videovigilancia por 5 millones 124 mil 938 pesos en 2016.
Colima
El Estado de Colima contrató a la empresa Seguritech a través de un contrato de adjudicación directa, sin licitar, para el arrendamiento de videovigilancia y la construcción de un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad por 800 millones de pesos.
El contrato se firmó en diciembre del 2017.
Estado de México
Renta de un sistema de Solución Integral de Enlace y Monitoreo de Seguridad y Videovigilancia Urbana para el Estado de México por 6 mil 376 millones 773 mil 027.39 pesos en 2013 con la empresa Seguritech.
Compra de equipo de fotografía, cine y grabación por un monto de un millón 499 mil 598.70 pesos.
Instalación de 10 mil videocámaras, 25 arcos carreteros, red de comunicaciones, GPS para patrullas y la construcción y equipamiento de dos Centros de Mando Estatales y 44 centros municipales a la empresa Seguritech por un costo de 301 millones 823 mil 849. 50 pesos.
Dotación de un sistema de información, comunicación y tecnologías con la construcción de un sistema de radio móvil, con 32 radios base, 65 terminales, 3 mil 200 radios portátiles, y 2 mil radios móviles con la empresa Comunicación Segura, del grupo Seguritech, por un costo de 484 millones 878 mil 466.48 pesos en 2016.
Guanajuato
Compra de radios portátiles a la empresa Seguritech por un costo de 403 mil 231.95 pesos en 2012.
Arrendamiento de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo a la empresa Seguritech por un monto de 2 mil 527 millones 893 mil 413 pesos en 2013.
Guerrero
Contratación de mantenimiento de equipo de videovigilancia y botones de pánico en el municipio Acapulco de Juárez, en Guerrero, por un costo de 25 millones de pesos.
Hidalgo
Construcción de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo a la empresa Seguritech por un monto sin definir. Este será presentado en este 2018, de acuerdo con información del Gobierno de Hidalgo.
Michoacán
Construcción de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo a la empresa Seguritech, construcción de 10 complejos administrativos, instalación de videovigilancia, arcos carreteros y construcción de centros regionales de seguridad por un monto de 5 mil 500 millones de pesos.
Nuevo León
Contratación del Servicio de Enlace y Monitoreo para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito del Municipio de Guadalupe Nuevo León por un costo de 48 millones 927 mil 707.18 pesos en 2008.
Sonora
Arrendamiento del Centro de Control: Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) por un costo de 2 mil 400 millones de pesos. El proyecto se prevé que comience a operar en este 2018.
Sinaloa
Arrendamiento de un complejo para crear inteligencia policial, así como vehículos blindados, helicópteros, aviones, videocámaras, arcos carreteros de seguridad por un costo de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, contratados con la empresa Comunicación Segura, del grupo Seguritech, en 2011.
Oaxaca
Contratación de la empresa Seguritech para el “Proyecto integral de Servicios de Mantenimiento, Mejoramiento y Equipamiento de Sistemas”, por un monto de 90 millones 955 mil 436 pesos.
Contratación de la empresa Seguritech para el arrendamiento de cámaras, infraestructura, servidores y estación de servicio para el proyecto de Videovigilancia.
LAS CONSECUENCIAS DE CONTRATAR SIN LICITAR
¿Qué es lo que ha pasado en otros estados por contratar a Seguritech sin licitación?, ¿qué han dicho las auditorías?, ¿qué han dicho políticos sobre la empresa?
Seguritech Privada S.A. de C.V. se ha consolidado en México, pese a presentar irregularidades y tener un modo de operación y contratación que difiere con lo que la Auditoría Superior de la Federación y auditorías locales han establecido en reportes.
Caso Guanajuato
El gobierno de Miguel Márquez Márquez apostó por un proyecto de combate a la violencia llamado “Proyecto Escudo”, que se pensó para reducir el índice de delitos, aunque la estrategia resultó contraria.
La Auditoría Superior de Guanajuato ha señalado que desde un inicio el proyecto no era lo que se esperaba.
Lo primero en cuestionar fue el modo de adquisición: contrataron a la empresa Seguritech bajo un modelo de arrendamiento con opción a compra con pagos multianuales de partidas de las finanzas estatales, sin que se solicitara autorización del Congreso de ese Estado.
“No se ha acreditado que la contratación en 2012 de la prestación de servicios de diseño, funcionamiento y mantenimiento de un sistema integral de enlace y monitoreo en materia de seguridad pública para el Estado de Guanajuato haya sido aprobado por el Congreso del Estado”, indicó la auditoría. Por esa observación se promovió una sanción administrativa.
La auditoría también señaló el costo del contrato, así como la forma de asignación y la garantía de cumplimiento que estableció la misma empresa.
Guanajuato es el único estado que ha promovido sanciones administrativas y penales por irregularidades en la contratación y operación de la empresa Seguritech.
Caso Guerrero
La empresa se comprometió con la instalación de botones de pánico, alarmas vecinales y videocámaras en el municipio de Acapulco de Juárez, pero no cumplió.
De acuerdo con Antonio Sebastián Ortuño, ex Contralor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, en una auditoría local se encontró que dicha empresa hizo instalaciones indebidas, por ejemplo, puso videocámaras en postes de luz y en postes de empresas privadas de telefonía y cable.
“Nosotros lo que vimos es que no se cumplió con el contrato. Ellos dijeron que iban a colocar botones de pánico, alarmas y cámaras, pero nada de eso se puso completo”, aseguró.
El ex Contralor promocionó una sanción en contra de la empresa por un monto de un millón 750 mil pesos por incumplimiento de contrato, la cual no trascendió de los despachos del Ayuntamiento.
– ¿Qué pasó con esa denuncia?
Yo la pasé al jurídico del Ayuntamiento y ahí se quedó.
Caso Oaxaca
La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2008 que el Gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz contrató a la empresa Seguritech para los servicios de equipo de vigilancia por un monto de 5 millones 900 mil pesos.
Sin embargo, la compra fue de forma irregular: a través de una adjudicación directa con la razón de ser una situación de urgencia en seguridad y sin dejar evidencia de la firma de un contrato.
“La entidad ejerció recursos por 5,900.00 miles de pesos, para las acciones “Cámaras”, “Infraestructura”, “Servidores y Estación de Monitoreo” del proyecto “Videovigilancia”; el contrato se adjudicó de manera directa al proveedor Seguritech Privada, S.A. de C.V.; sin embargo, no contó con el expediente de la adjudicación directa por excepción a la licitación pública, contrato y garantía de cumplimiento; asimismo, no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el estado”, detectó la Auditoría Superior de la Federación.
Por el incumplimiento, la ASF promovió una investigación, la cual se respondió hasta 2014.
Para esa fecha Ulises Ruiz ya había dejado la administración estatal y en su lugar quedó Gabino Cué Monteagudo.
El Gobierno de Oaxaca respondió que después de tanto tiempo era difícil realizar una investigación, por lo que solicitaba sobreseer el caso, situación que la Auditoría Superior de la Federación aceptó.
Caso Sinaloa
El Gobierno de Mario López Valdez contrató la firma Comunicación Segura S.A. de C.V., filial de Seguritech Privada S.A. de C.V., para arrendar un complejo de seguridad C4, vehículos blindados, vehículos de videovigilancia, arcos carreteros y videocámaras para instalar en Culiacán y Mazatlán.
Fue una contratación a través de adjudicación directa, con el argumento de tener la urgencia en contratar a una empresa especializada en temas de tecnología.
La empresa incluyó la construcción de un edificio donde albergaría el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia que se conoce también como C4i.
El costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos que se debió terminar de pagar el 31 de diciembre del 2016.
Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, el Gobierno de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos con la empresa.
Además, se encontró que el equipo que se arrendó no recibió mantenimiento como se estipuló en el contrato y que no se cuenta con las bitácoras.
“De parte de Gobierno del Estado quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2016 los 327 millones de pesos, es lo que quedaron pendientes y derivado de la evaluación que ha hecho la SSP está en negociaciones para que se reciban en satisfacción estos bienes y en su caso si considera que algo no se cumplió hacer el finiquito correspondiente”, indicó Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.
A la fecha el Gobierno de Sinaloa sostiene una negociación con la empresa para reducir la deuda por distintas irregularidades que fueron reservadas para evitar situaciones legales.
Para el 3 de junio de 2011, la violencia era el tema top del momento en Sinaloa. Era el segundo año más violento en la historia de Sinaloa y, para esa fecha, ya sumaban 835 asesinatos de los mil 906 que hubo ese año.
SINALOA: UNA RENTA APURADA E INCONCLUSA
Ese año llegó Mario López Valdez como Gobernador y designó a Francisco Córdova Celaya, un político sonorense que llegó a Sinaloa para apoyar a Malova en su campaña por solicitud del panista Guillermo Padrés. Su experiencia en seguridad pública era nula, lo más cercano fue haber estudiado Ciencias Políticas en la Navy, en Estados Unidos, el equivalente de la Marina en ese país.
Él cuenta que se le dio el cargo por sus cualidades, entre ellas la de ser una persona ajena a lo que pasaba en Sinaloa: una confrontación entre tres grupos criminales.
“Ponles los nombres tú, los mazatlecos son parte de los Beltrán Leyva. Los Carrillo en Navolato, entonces él buscaba alguien totalmente ajeno a eso, él buscaba alguien que conociera el tema, yo lo conocí por los 12 años de militar”, dice.
“Ponle que no conozcas las tripas de Culiacán, pero sí conoces cómo tratar a la gente, cómo motivar a un policía para que haga su trabajo que es lo más complicado”.
Para ese entonces el tema ya era conocido dentro y fuera de Sinaloa, lo que provocó que decenas de proveedores de servicios de inteligencia de seguridad llegaran al Palacio de Gobierno a ofrecer sus productos.
“Llegaban 20 empresas al mes ofreciendo equipamiento, helicópteros, carros blindados, armamento de todo tipo, uniformes, chalecos, eran muchas empresas muy interesadas porque habíamos dado a conocer que se iba a armar bien la policía y que andábamos buscando proveedores, se corrió la voz, es un sector chico, se corrió la voz y comenzaron a llegar”, asegura.
En ese desfile de firmas también pasó el grupo empresarial Seguritech, empresa mexicana dirigida por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz, que en ese entonces se dedicaba a la instalación de botones de pánico y cámaras de videovigilancia a través de distintas empresas, entre ellas Comunicación Segura.
Él cuenta que se le dio el cargo por sus cualidades, entre ellas la de ser una persona ajena a lo que pasaba en Sinaloa: una confrontación entre tres grupos criminales.
El Gobierno de Sinaloa decidió esperar un tiempo para hacer compras relacionadas a la seguridad. No había en ese entonces un proyecto específico para evitar los golpes de la delincuencia, salvo confrontaciones mediáticas encabezadas por el propio Gobernador o por Marco Antonio Higuera Gómez, quien era Procurador General de Justicia.
Además, Córdova Celaya afirma que los recursos para el tema de seguridad eran limitados y no se podía depender de ellos para hacer “inversiones necesarias”
“No había el efectivo para poder pagar la cantidad de equipo que necesitábamos. No me acuerdo, pero necesitábamos, por decir, 700 millones de pesos de equipo, porque no teníamos nada”, indica.
“No teníamos armas, no teníamos helicópteros, no teníamos cámaras, no teníamos vehículos blindados, no teníamos nada de nada, ni gasolina. Entonces, sacamos un inventario a detalle y nos dimos cuenta de que, para poder armar bien a la policía, se iban a requerir 700, 800 millones de pesos”.
Pero la administración aguantó, asegura, hasta que el 3 de junio de 2011 arrojaron una cabeza y unas manos a las afueras del edificio de Palacio de Gobierno.
Ese día decidieron replantear la seguridad de Sinaloa y comenzaron a analizar los perfiles de las empresas, el dinero con el que se contaba y los fondos federales a los que se podía acceder. Nada los convencía, dice Córdova Celaya, hasta que conocieron a la empresa Seguritech.
La primera negociación que se hizo fue la de seguridad interna del edificio administrativo. Se decidió adquirir cámaras, arcos de seguridad, servicio de rayos x para vehículos y objetos, detectores de metal y temperatura, alarmas y un sistema de control de acceso peatonal que también se instaló en el Hangar de Gobierno que estuvo en el Aeropuerto.
“Si tú regresas al 2011 y ves por agosto, septiembre, amanecemos con cabezas cercenadas en los escalones de Palacio de Gobierno y nos dimos cuenta de que estábamos vulnerables, si podían llegar a dejar una cabeza en los escalones de Palacio de Gobierno, traíamos serios problemas de seguridad en Palacio de Gobierno, eso para mí era una prioridad. Por eso se firmó ese contrato tan rápido, en diciembre, era urgente”, dice.
La empresa ofreció los servicios en forma de renta con pagos multianuales y con una opción a compra por un monto al final de que se finiquitara el servicio por un costo del 18 por ciento del total del arrendamiento, sólo bajo ese esquema, y Gobierno del Estado aceptó.
Ese contrato, del cual Noroeste tiene una copia, fue por 69 millones 515 mil 456.88 pesos que se dividieron en cinco pagos diferentes.
Para pagarlo la empresa pidió una garantía, y la Secretaría de Finanzas, cuyo titular fue Armando Villarreal Ibarra, quien hoy fue inhabilitado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para ocupar un cargo público en 7 años, decidió “sacrificar” parte de las finanzas del Estado.
Apenas pasó un mes de la adquisición y Córdova Celaya pensó que era necesario ir más allá de la seguridad interna del edificio administrativo, por lo que volvió a recurrir a la misma empresa, esta vez para adquirir equipo más sofisticado.
– ¿Qué fue lo atractivo de la empresa?
Que te podían entregar, según yo, el equipo que necesitábamos en ese momento, los Tiger y los helicópteros que era lo más importante para mí en ese momento, lo podían entregar casi inmediatamente.
El 17 de enero de 2012 se firmó un segundo y un tercer contrato, se hicieron por adjudicación directa, aunque estos, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, debían ser por concurso entre distintas empresas para analizar calidad, precio, experiencia y eficacia de los productos.
En el segundo contrato, Gobierno del Estado decidió rentar por un monto de 923 millones 800 mil 010 pesos, que se pagarían en un plazo de 5 años, un equipo de video vigilancia estatal, que constó de 300 cámaras repartidas entre Culiacán y Mazatlán, así como arcos carreteros con cámaras de videovigilancia y el sistema técnico y tecnológico para controlar el equipo.
Además, se incluyó la construcción de un edificio que según el proyecto que presentó Seguritech a Gobierno del Estado se llamaría “Ciudad Segura”.
Ese edificio es el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia que se conoce también como C4i.
Ese edificio está sobre un terreno que es del Gobierno de Sinaloa, pero que lo proporcionó para que se construyera el complejo con el fin de comprarlo por un monto cercano a los 170 millones de pesos al finalizar el contrato de arrendamiento, es decir, el 31 de diciembre de 2016.
Hoy, después de un año de que se concluyó el contrato, Gobierno del Estado tiene un proceso de negociación porque aseguran que no les interesa tener un edificio que no es funcional. Sin embargo, de rechazar la compra, Sinaloa se quedaría sin un complejo de seguridad.
El tercer y último contrato que se firmó fue para adquirir seis vehículos blindados, dos camiones de video vigilancia llamados C2, y dos helicópteros, por un monto de 313 millones 902 mil 679 pesos divididos en cinco pagos.
Estos dos últimos contratos tenían como vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, y después de que se liquidaran el Estado podía acceder a la cláusula de compra por un monto del 18 por ciento del valor total del arrendamiento, de lo contrario el equipo debió entregarse a la empresa.
“Quiero aclarar, hubo ciertas cosas que se rechazaron. Se rechazó un avión tripulado para vigilancia por el costo, se nos hacía demasiado el costo, andaba en 7, 8, 10 millones de dólares, entonces se nos hizo que podíamos esperar esa compra a futuro”, asegura Córdova Celaya.
“Hubo muchas cosas que se rechazaron, no creas que agarramos el contrato y ya, se rechazó un 30, 40 por ciento de lo que se había propuesto por ellos. Entonces, no fue un cheque en blanco a nadie y viendo el presupuesto que teníamos”.
Un equipo caro y que no sirvió
Los contratos con la empresa Comunicación Segura, que pertenece a grupo Seguritech, incluyeron vehículos blindados, helicópteros, cámaras, arcos de seguridad y un edificio, ¿pero realmente sirvió toda esa tecnología? La respuesta es que no.
– ¿Qué pasó con toda esa inteligencia que debió crearse con los equipos?, se le preguntó a Cristóbal Castañeda Camarillo, militar asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional a las labores de subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa.
Nosotros no tenemos nada, no se nos dejó nada. Todo lo que se grabó no lo tenemos.
La inteligencia en seguridad que se intentó registrar se perdió, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, porque de las cámaras que se rentaron sólo servían el 17 por ciento, que significan un poco menos de 50 videocámaras en todo el Estado.
En el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) se podían ver las pantallas donde se proyectaban las imágenes de las cámaras en blanco y negro o con estática.
El reporte de entrega recepción de la Secretaría de Seguridad Pública indica que no hay una bitácora de mantenimiento de las cámaras de vigilancia.
Sin embargo, en el contrato de arrendamiento, la empresa Seguritech dejó establecido que el equipo sería reparado cuantas veces fuera necesario, pero que para ello el Gobierno de Sinaloa debía cuidar un manual de mantenimiento y llamar a la firma para hacer válida la garantía.
Ese manual es inexistente.
De hecho, en 2016, cuando Mario López Valdez aún era Gobernador, se prefirió contratar a otra empresa para reparar las cámaras, pese a que se tenía una póliza de garantía vigente.
La empresa fue Índex Datacom, y se hizo cargo del mantenimiento de cámaras de videovigilancia en Culiacán por un monto de 5 millones 786 mil 659.66 pesos, a través de dos contratos: uno en abril y otro en diciembre, de acuerdo con el sistema de compras del Gobierno del Estado.
“Se recibieron en ciertas condiciones precarias”, asegura Castañeda Camarillo.
“El equipo de vigilancia teníamos 17 por ciento operacional, cuando recibimos era eso operacional y únicamente eran 172 cámaras en Culiacán”.
Las cámaras no era el único equipo en malas condiciones.
La Secretaría de seguridad Pública detectó que desde 2014 se dejó de hacer mantenimiento a los vehículos blindados y a los camiones de video vigilancia C2
Esos vehículos quedaron a disposición de la SSP, pues conforme al contrato que se firmó estos pueden ser adquiridos por el Gobierno de Sinaloa por un monto no menor al 18 por ciento de su valor total en arrendamiento.
“En cuestión de los vehículos, en la parte contractual dice que terminando la administración se tenía que renovar el contrato, se hace un análisis de los vehículos y se ve que las condiciones mecánicas no eran las correctas y por eso no se reciben esos vehículos. Las aeronaves estaban en una situación similar”, indica el subsecretario de Seguridad Pública.
Además, en una revisión del contrato se encontró que el edificio en donde se alberga el complejo de seguridad también es propiedad de la empresa, la cual pide que se haga la compra por Gobierno del Estado por un monto que supera los 300 millones de pesos.
“Obviamente las instalaciones que albergan la Secretaría de Seguridad Pública teníamos que recibirlas, pero aun así está la parte contractual de que hoy por hoy está el trámite administrativo para ver de este lado”, señala.
“Se nos hace excesivo 300 millones por un edificio que es de tablarroca, que no es de material, es muy alto”
-¿Es tablarroca?
“Es tablarroca, por esa cuestión se están haciendo las gestiones para que se haga valer el derecho del Estado, que estamos hablando del derecho de los sinaloenses, que en el final del camino fueron los que pagaron por todo”.
La Secretaría de Seguridad Pública determinó que no es viable quedarse con el edificio, pero de no hacerlo la consecuencia sería quedarse sin un complejo y trasladar todo el material que ya es de Gobierno del Estado a otro lugar.
“La instalación como tal no estaba adecuada en cuanto a las condiciones de mantenimiento contractuales que maneja el contrato, esa información está en Administración y Finanzas que está en negociación para que no se finiquite eso y ahora sí que sea una erogación adicional al Gobierno del Estado, sino al contrario”, indica.
Una deuda de 327 millones de pesos y la inteligencia en manos de Seguritech
El compromiso escrito de pagar no quiere decir que tenga que suceder. Esa fue la lógica del Gobierno de Mario López Valdez, que firmó dos de los contratos con la empresa Comunicación Segura, del grupo Seguritech, pero no los liquidó.
Sólo en el último año de prestación de servicio, en 2016, la administración de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos, que corresponden al último pago de renta por el complejo de seguridad, las videocámaras, los vehículos blindados, los camiones de vigilancia y los dos helicópteros.
De acuerdo con Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, ese pasivo se encuentra suspendido por una negociación vigente con la empresa, la cual exige que se haga el finiquito sin reducir el monto.
“De parte de Gobierno del Estado quedaron pendientes al 31 de diciembre de 2016 los 327 millones de pesos, es lo que quedaron pendientes y derivado de la evaluación que ha hecho la SSP está en negociaciones para que se reciban en satisfacción estos bienes y en su caso si considera que algo no se cumplió hacer el finiquito correspondiente”, indica.
El contrato con Seguritech establece que la empresa es la dueña de todo el equipo y con ello toda la información que se generó con él.
Noroeste solicitó las bitácoras de vuelo de los dos helicópteros que se arrendaron con Seguritech, pero estos fueron negados.
La razón fue que no se tiene tal información.
Una de las cláusulas de los contratos indica que todas las bitácoras de vuelo de los helicópteros y los vehículos blindados son propiedad de Seguritech y que estas se entregarán cuando se liquiden las deudas.
Pero no sólo se perderían las bitácoras de los vehículos, también la información de inteligencia que se generó con el equipo de videovigilancia.
La empresa indicó en los contratos que toda la información que se recabara estaría a su disposición sin que Gobierno del Estado pusiera objeción.
Además, incluyeron una cláusula en la que establece que ellos podían tener copia de la información que se generó, la cual será devuelta hasta que se liquide el contrato.
Esa información es la misma que la Secretaría de Seguridad Pública asegura que no encuentra en sus bases de datos.
La Secretaría de Administración y Finanzas señala que la decisión de seguir o no será de la Secretaría de Seguridad Pública, que a un año de recibir la administración no ha decidido qué sucederá con el equipo y el complejo de seguridad.
