Sentencia al ‘Padre Meño’: un paso hacia la justicia
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Este episodio ha servido para visibilizar uno de los aspectos más desagradables de nuestra vida comunitaria: el abuso sexual en contra de menores de edad
El Tribunal de Juicio Oral de Piedras Negras, que encontró culpable a Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como “Padre Meño”, el pasado 27 de septiembre, condenó ayer al clérigo a 15 años de prisión por los delitos de violación calificada con grado de tentativa y violación calificada contra un menor bajo calidad de ministro de culto.
La condena, que pone fin –en primera instancia– a uno de los juicios que más ha concitado la atención de la ciudadanía es, además de un fallo histórico, el primer paso en el proceso de hacer justicia.
Y es que, más allá de que el fallo condenatorio y la sentencia respectiva impliquen –en estricto sentido– hacer justicia en el caso concreto, lo cierto es que este episodio ha servido para visibilizar uno de los aspectos más desagradables de nuestra vida comunitaria: el abuso sexual cometido en contra de menores de edad.
El caso del “Padre Meño” es paradigmático porque se trata de un ministro de culto y su condena pone sobre la mesa, una vez más, la polémica respecto de los abusos cometidos por sacerdotes, muchos de los cuales permanecen en la impunidad y acaso nunca serán castigados.
Pero además de aquellos casos en los cuales el victimario es un ministro de culto, existen muchos otros en los cuales un menor de edad –hombre o mujer– es violentado en su intimidad a partir de las circunstancias de ventaja que tiene un adulto.
Se trata de un fenómeno marcado por la existencia de una cifra negra que bien puede resultar imposible de precisar, pero en torno a la cual basta decir que un solo menor abusado es demasiado y la sociedad entera debe no solamente condenar el hecho sino demandar castigo al o los responsables, sin ambigüedades.
En este sentido, la sentencia dictada ayer tendría que servir de precedente para que todos cobremos conciencia de la necesidad de proteger a nuestros niños y adolescentes, y construir las condiciones necesarias para que nadie tenga duda respecto de que el abuso sexual es un acto abominable en cualquier circunstancia, pero que lo es aún más cuando se comete en contra de un menor de edad.
No podemos –no debemos– tolerar una sola víctima más de este delito reprobable desde cualquier óptica. No importa quién sea el perpetrador, no importan las circunstancias en las cuales el hecho hubiera ocurrido, no importa la “justificación” que pretenda esgrimirse: quien utiliza su condición de adulto para violentar la intimidad de un menor debe ser castigado.
Y el propósito de esta actitud intransigente sólo debe ser uno: proteger a quienes merecen de parte nuestra una contribución decidida a la posibilidad de que tengan un proyecto de vida y a la garantía plena de sus intereses. Nada más, pero tampoco nada menos.
Ayer se emitió una sentencia y ello implica haber puesto el punto final en un caso. La justicia plena, sin embargo, exige que el castigo al infractor cumpla la función de disuasión que en las sociedades democráticas debe tener el castigo a las conductas ilegales.
