SEP: ¿aplicará sin distingos ‘mano dura’?
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La Secretaría de Educación Pública ha advertido que habrá alrededor de dos mil profesores despedidos por acumular más de tres faltas a sus labores, a propósito del paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya dirigencia recién acordó que sus agremiados den inicio al ciclo escolar actual.
A partir de la decisión de la CNTE de regresar a clases, dijo el titular de la SEP, el Gobierno de la República analizará la posibilidad de establecer mesas de negociación con los mentores, pero advirtió que la temática de las mismas se encuentra acotada.
“…no serán bajo ningún concepto mesas ni para discutir la abrogación de la reforma, cosa con la que no estamos de acuerdo, y que además no son parte de nuestras facultades, ni para cambiar la reforma”, señaló Aurelio Nuño.
La declaración del funcionario reitera lo que se ha dicho en múltiples ocasiones por parte de la admnistración del presidente Peña Nieto: que no habría negociación alguna con la disidencia magisterial a menos que regresaran a clases y que no existía posibilidad de negociar la marcha atrás en la reforma educativa.
Sin embargo, el reiterar el discurso no necesariamente constituye la confirmación de que éste será llevado a los hechos, ni que es la ruta más deseable, como bien nos lo enseña la experiencia reciente.
El Gobierno de la República ya ha cedido frente al magisterio nacional —al menos en el discurso— en lo relativo a la posibilidad de que la evaluación para la permanencia en el sistema educativo no se realice en la forma en la cual fue originalmente planteada y ése es el punto central de la disputa entre ambas partes y es el aspecto que ha tensado más la relación.
No se trata, por supuesto, de pedirle instransigencia a las autoridades educativas, sino de plantear la necesidad de que procesos como éste, que pretenden —al menos en teoría—introducir profundos cambios en la forma en la cual se conduce todo un gremio, sean mejor pensados y exista mayor cuidado al momento de implementarlos.
La confrontación con la disidencia magisterial ha sido sumamente costosa para el País, ha cobrado un número irracional de vidas humanas y ha crispado el ánimo social de una forma que difícilmente lo han hecho otros temas de la agenda pública.
Es de esperarse que el costo social que hemos pagado por dicha reforma sea proporcional a los beneficios que arroje, pues sólo de esa forma se justificaría de alguna manera el que el proceso hubiera conducido a los momento de crispación y violencia que hemos atestiguado.
En este sentido, la aplicación de “mano dura” a los profesores que faltaron a su trabajo debe ser una medida que se lleve a cabo no solamente para mostrar congruencia en el discurso. Porque si hacer esto conduce a una nueva escalada de tensión y ello a la violencia, no parece realmente una acción que, a la larga vaya a resultar muy útil.
