Servicio Médico del Magisterio: el colapso inminente

Mucho se ha dicho en los últimos años respecto de la deficitaria calidad del servicio que a sus agremiados presta el Servicio Médico de la Sección 38, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En la discusión, sin embargo, el fondo del asunto suele soslayarse: el sistema de seguridad social del SNTE coahuilense ha colapsado y carece de viabilidad.

Justamente por ello es que hace mucho tiempo que en su operación cotidiana ha dejado de cumplir con las obligaciones esenciales de un sistema responsable de garantizar el derecho a la salud.

Como se ha comentado en otras ocasiones, que el servicio médico de la 38 tenga la obligación de garantizar este derecho implica hacerse cargo de que sus derechohabientes permanezcan sanos o, en su defecto, que recuperen la salud perdida.

Hacer esto no puede estar condicionado o “limitado” en forma alguna, a partir de un determinado criterio de “rentabilidad económica” o de “suficiencia presupuestal”, pues la institución constituye parte del entramado estatal que debe asumir obligaciones constitucionales y legales de forma total.

Para precisar el señalamiento sirve acudir al ejemplo de otras instituciones de salud creadas para atender a segmentos específicos de trabajadores: el IMSS y el ISSSTE, instancias cuya atención no está limitada o acotada en forma alguna, con excepción de cuestiones de carácter estético.

El servicio médico del magisterio tendría que funcionar entonces exactamente igual que las dos instituciones citadas y no como lo hace ahora, a través de un esquema que en los hechos implica que los trabajadores de la educación tengan una suerte de seguro de gastos médicos mayores de pésima calidad.

La mejor evidencia de que el servicio médico de la 38 falta a sus obligaciones la constituye el hecho de que algunos de sus beneficiarios hayan tenido que solicitar el auxilio, de la justicia federal, para que se les suministren los medicamentos que requieren para sus dolencias.

Como corresponde a una institución responsable de garantizar el derecho humano a la salud, la justicia federal ha protegido a los quejosos y ordenado a la institución que entregue “de inmediato” los medicamentos requeridos o, en su defecto, proporcione los recursos económicos para que estos sean adquiridos con un proveedor diverso.

¿Por qué ha sido necesario que los derechohabientes soliciten la intervención de la justicia federal en este caso? La respuesta es simple: porque la concepción de quienes administran el sistema, respecto de sus obligaciones legales, no parte de la existencia de un derecho que tienen la obligación de garantizar, sino de la idea de que son una suerte de servicio privado por el que es necesario pagar para recibirlo.

Los amparos concedidos, además de dejar claro el error de esta concepción, evidencian la catástrofe financiera y administrativa de un sistema que fue mal concebido, ha sido peor administrado y por ello se encuentra condenado al colapso, más temprano que tarde.