Servicio médico SNTE: los ‘salvavidas’ inútiles

El Congreso del Estado aprobó ayer, finalmente, la propuesta de reformas a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Coahuila, lo cual constituye el enésimo “salvavidas” que se ha lanzado en las últimas dos décadas a un sistema que, desde cualquier perspectiva que se le vea, resulta inviable y, por tanto, está destinado a naufragar.

Y es que, en esencia, la nueva reforma realizada a la citada legislación se restringe a eliminar la aportación mensual que los pensionados debían hacer al patrimonio del Servicio Médico –equivalente al 3 por ciento de sus ingresos–, regla que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a incrementar, del 13.25 al 16 por ciento, las aportaciones que deben realizan los patrones al organismo.

El núcleo del problema, sin embargo, quedó intocado. Y éste es el hecho de que, para todo efecto práctico, el servicio médico de la Sección 38 funciona como si se tratara de una empresa privada que le vende a los derechohabientes del sistema un seguro de gastos médicos.

En otras palabras, el modelo construido históricamente entre el Gobierno de Coahuila y la dirigencia sindical del magisterio local, es uno que no está diseñado para que represente una garantía del derecho a la salud de sus derechohabientes, sino como un “negocio de la salud” que sólo da a sus usuarios aquello por lo que pagan.

Es por ello que en la estructura financiera del sistema existe el término “copago”, lo cual implica que el “derecho a la salud” del magisterio estatal es uno de carácter “limitado”, pues quien requiere atención médica en dicho sistema debe pagar una parte del servicio.

Quienes son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, es decir, personas que tienen un empleo formal y por ello cuentan entre sus prestaciones la del servicio de salud, saben que en ninguna de esas instituciones existe un término semejante al “copago” del servicio médico de la Sección 38.

Esto es así porque ambas instituciones –al margen de la insatisfacción que sus derechohabientes tienen por las deficiencias en el servicio– sí operan desde la perspectiva de garantizar el derecho a la salud y no como una empresa privada, que sólo se compromete a prestar servicios “hasta el límite de sus posibilidades”.

Esta es la razón por la cual un grupo de jubilados y pensionados se manifestó ayer en la sede del Poder Legislativo y advirtió que acudirá nuevamente a los tribunales constitucionales para reclamar la prevalencia de normas que les escamotean una porción de sus derechos.

La solución de fondo a este problema, como se ha dicho en repetidas ocasiones, no es seguir lanzando “salvavidas” al servicio médico de la 38, sino asumir la cruda realidad: el modelo es insalvable y permanecerá en situación de colapso hasta que se tome la única decisión que constituye una respuesta real: liquidar el sistema actual.

¿Cuánta “vida” le ha inyectado al sistema de salud del magisterio esta nueva reforma? Desde ahora puede afirmarse que muy poca. La evidencia de ello no tardará