Servicio médico SNTE: los ‘salvavidas’ que no salvan
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El Gobierno del Estado lanzó ayer el enésimo “salvavidas” al servicio médico de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al proponer una nueva reforma a la Ley del Servicio Médico del Magisterio, que implica “inyectarle” 600 millones de pesos adicionales al financiamiento de dicho servicio.
El planteamiento constituye la respuesta institucional a la crisis que viene arrastrando el sistema de seguridad social del magisterio coahuilense, y que la semana pasada llevó a los integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila a tomar la tribuna del Congreso del Estado, lo cual obligó a la suspensión de la sesión ordinaria de la Legislatura.
Se trata, desde luego, de una respuesta que atiende la emergencia y que podrá aliviar, al menos por un tiempo, la presión existente sobre las finanzas del sistema pero que no resuelve el problema de fondo, justamente porque se trata de una respuesta similar a las que se han ofrecido en los últimos años.
Y es que, como se ha dicho reiteradamente, el problema de fondo del sistema de seguridad social del magisterio local es su diseño mismo y mientras este no se modifique no habrá “salvavidas” que resulte suficiente para corregir su trayectoria en picada.
Los vicios que afectan la operatividad del modelo, mismos que la dirigencia sindical del SNTE no tiene intención de corregir, construyen la inviabilidad financiera de un modelo que, con todo y salvavidas, no se hace cargo de los derechos de los trabajadores a los cuales debe atender.
Un creciente número de jubilados y pensionados; la política de “fraccionar” plazas y la adopción de un modelo que implica, en los hechos, contar con un seguro de gastos médicos en lugar de un sistema que garantice el derecho a la salud, son algunos de los problemas estructurales del referido servicio.
No se trata –y eso debe decirse con todas sus letras– de un esquema que se le haya “impuesto” al magisterio estatal, sino de uno que se ha ido construyendo a partir de acuerdos políticos entre la dirigencia sindical y el Gobierno del Estado, razón por la cual ambos tienen parte de la responsabilidad.
Por otro lado, la ausencia de una administración profesional –debido a la exigencia de que el servicio médico deba ser administrado “por un profesor”– completa el cuadro del auténtico desastre que cualquiera puede apreciar acudiendo a las clínicas del magisterio o visitando sus farmacias.
Por ello, el problema de fondo que debe resolverse, y que es el garantizar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación, ha sido reiteradamente postergado por sucesivas reformas a la legislación que regula el servicio médico del SNTE y que, como la anunciaba ayer, tan sólo puede calificarse de “salvavidas”, término al que debería agregársele “temporal”.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que el servicio médico del SNTE regrese nuevamente al territorio de la crisis? Desgraciadamente, como ha demostrado la historia de los últimos 20 años, no mucho.
Tan sólo hace falta esperar para ver cómo el destino vuelve alcanzar a un modelo que no requiere salvavidas, sino una metamorfosis completa.
